Por Adriana Sayavedra
Nuevamente el tema de la recolección de residuos pone en apuros a un intendente lujanino. Así resulta luego de que el cacique municipal Carlos López Puelles desoyera un decreto del Concejo Deliberante aprobado por voto mayoritario el pasado 26 de junio, por el que se impide al Departamento Ejecutivo prorrogar la contratación de la empresa Santa Elena para la recolección de residuos en los distritos de Chacras de Coria, La Puntilla y Ciudad de Luján.
Desde el bloque del PD-PRO aseguran que se podría llegar al juicio político al intendente si persiste en su actitud de desoír una medida que fue votada mayoritariamente en el cuerpo legislativo.
Además, desde este bloque también se presentó otro proyecto por el cual las partidas presupuestarias deberían ser redistribuidas y así utilizar el dinero con que se le paga mensualmente a la empresa contratada, para reponer bienes de capital, capacitar al personal y de esta manera volver a prestar el servicio desde la municipalidad.
Para el concejal opositor Sebastián Bragagnolo -presidente del bloque del Partido Demócrata-PRO y vicepresidente segundo del Concejo- “se están malgastando 60 millones de pesos al año entre el pago a Santa Elena, el alquiler de camiones a Red Cohan y otros vehículos, más el sueldo del personal contratado. Con bastante menos de la mitad de ese monto, se podrían comprar camiones nuevos y capacitar y reequipar a los empleados de la comuna para brindar un servicio municipal eficiente. Con la plata que se ahorraría haciendo esto, se podrían sanear las deudas de la municipalidad”.
En el mismo sentido, explica Bragagnolo que “dos meses atrás, se remataron 29 vehículos municipales y quedaron sólo cinco para efectuar el servicio de recolección de basura. También quedaron 10 o 15 para arreglar, pero no lo hacen. En esta situación, el municipio sale a alquilar todo: camiones, camionetas, choferes, etc.” y reflexiona “si consideramos que un camión de los mejores sale casi $1.200.000, con 20 millones se pueden comprar varios. Y con los 40 millones que se ahorran se podría equipar al municipio, pagar a los proveedores y hacer las obras públicas que se necesitan en forma urgente”.
El origen del conflicto
Luego de que el anterior intendente Omar Parisi declarara la emergencia municipal en servicios públicos, su sucesor, Carlos López Puelles, queda habilitado para contratar en forma directa a la empresa Santa Elena, tercerizando así un servicio que se encontraba colapsado. A los seis meses, el Concejo Deliberante lo obliga a llamar a licitación, fundamentado en que había pasado el período de emergencia.
“Fue una llamada a licitación pícara, porque se hizo con el plazo más acotado, que es de 10 días”, explica Bragagnolo y continúa: “Con un lapso tan corto de tiempo la única empresa que estaba en condiciones de presentarse a licitar era Santa Elena, que ya venía operando y tenía el conocimiento necesario de los costos. La otra firma que se presentó, una empresa importante, pidió una prórroga de cinco días para ajustar sus números, ya que estaba en desigualdad de condiciones para elaborar su oferta, pero el Ejecutivo municipal se lo denegó, por lo que quedó como única oferente la empresa ya contratada”.
El contrato era por dos años, que se vencieron en junio pasado. Es entonces cuando el Concejo Deliberante emite un decreto por el que se le solicita al Ejecutivo que se abstenga de prorrogar la contratación, algo que no sucedió, ya que Santa Elena sigue operando. Desde el Ejecutivo sostienen que tienen la facultad para alargar el contrato, por lo que desestiman lo decretado por el Concejo.
En este sentido, el presidente del Concejo, Eduardo Pérez, aseguró que existen dos puntos de vista a tener en cuenta para analizar el aspecto de la prórroga del contrato. “Se puede discutir la aplicabilidad de la norma emitida por el Concejo, ya que el Ejecutivo municipal hace uso de la facultad que establece la licitación pública de ampliar la contratación de la empresa por un año más. Sin embargo, lo que no se puede cuestionar nunca es la legalidad del decreto, ya que fue sancionado en sesión del cuerpo legislativo por voto de la mayoría (siete de la oposición contra cuatro del oficialismo)”.
La propuesta
Para Bragagnolo la solución pasa, por un lado, en volver a prestar el servicio desde la Comuna, en forma eficiente y con recursos propios, “porque hay posibilidad de hacerlo, de hecho, con esos mismos recursos se le está pagando a Santa Elena”, y continúa: “Hay que volver a implementar la figura del trocero. Paralelamente, y como paso fundamental, hay que sentarse con los gobiernos municipales vecinos y tratar el tema en forma conjunta. Se debe generar un consorcio, hacer una inversión conjunta y crear dos plantas modelo de tratamiento de residuos sólidos urbanos y de verdes”.
En este punto, cabe destacar que el tema del tratamiento de residuos se había resuelto en nuestro departamento hace varios años atrás, a través de un convenio con el municipio de Maipú en donde se ubica una planta de tratamiento. Según dicho convenio Luján llevaba allí a tratar sus residuos sólidos urbanos. Así sucedió hasta que durante la gestión de Parisi, la Comuna lujanina dejó de pagar lo acordado, desencadenando el actual problema de desmanejo de los residuos. Las consecuencias están a la vista: grandes basurales a cielo abierto en la zona del pedemonte, problema que se intensifica cuando la basura es quemada, y la inacción de quienes deben hacerse cargo.
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