El anuncio del gobierno de contar con un Código despierta interés y también polémica. Un anteproyecto que está abierto para que la comunidad participe. La minería y los intereses económicos, en el medio de la discusión.
Gran interés, preocupación, polémica y también oposición ha generado la posibilidad de contar con un Código de Aguas en la provincia, que vendría a unificar toda la normativa existente en materia de agua en Mendoza.
Participación de la comunidad. Desde el Departamento General de Irrigación explican que han recibido importantes aportes gracias a la convocatoria pública a participar de la elaboración del Código. Se trata de un trabajo específicamente jurídico que se abrió al público a mediados de julio. A este anteproyecto se puede acceder a través de la plataforma https://participa.irrigacion.gov.ar/ Allí se puede descargar el documento (hay que enviar foto del DNI y loguearse) para poder participar, opinar y dejar comentarios hasta el 15 de octubre.
De acuerdo a lo informado por Irrigación, el objetivo es integrar la legislación sobre agua en Mendoza a través de un Código de Aguas. En la actualidad, a la Ley General de Aguas, promulgada en 1884, se suman más de 100 normas dictadas en la Legislatura Provincial. Y más de 200 reglamentos elaborados por Irrigación para temas puntuales. Marcela Andino, representante legal de Irrigación, destaca: “Hoy la legislación sobre agua se encuentra dispersa, más de 30% de los artículos de la Ley General de Aguas se encuentran derogados por esas leyes posteriores”, y explica al referirse al Código, “el primer objetivo es la seguridad jurídica, al ordenar, armonizar y sistematizar toda la legislación vigente en lo referente al uso, preservación de la calidad y administración del agua en Mendoza”. Añade: “otro gran objetivo es incorporar nuevas herramientas para gestionar un recurso cada vez más escaso y así enfrentar los nuevos desafíos, relacionados con el cambio climático. De acuerdo a estudios científicos, sabemos que en 2050 tendremos un 15% menos de oferta hídrica”.
Andino comenta que otra prioridad es la incorporación de la gestión integrada del recurso, gestión de riesgos, efectos hidrológicos extremos, como así también fortalecer la participación de los usuarios.
Para la redacción del anteproyecto han consultado a inspectores de cauce, expertos en distintas ramas del derecho, constitucional, civil, especialistas aspectos vinculados a la ingeniería y distribución del recurso. También se consultó a especialistas de distintas cátedras en Derecho de Agua de las universidades de Cuyo, Congreso, Aconcagua, Mendoza y Champagnat.
Protección del recurso y aporte de juristas
Con casi 300 artículos, el anteproyecto se mantiene en proceso de evaluación de especialistas en materia jurídica. Entre otros puntos se establece que se debe contar con un plan anual hídrico y elaborar un informe al final del período. Concretamente, en uno de los artículos se establece un régimen de prioridades y usos del agua.
De acuerdo a lo informado, el anteproyecto establece el siguiente orden: abastecimiento de población y usos domésticos, riego del arbolado público, riego agrícola y otros usos agropecuarios; industria, turismo, generación de energía, piscícola o acuicultura, recreativos, termal para fines terapéuticos y minería y extracción de hidrocarburos. Algunas objeciones a la propuesta oficial están relacionadas a aspectos técnicos o a la redacción de artículos puntuales. Uno de los ejemplos es que se establece un cambio de prioridades en casos excepcionales.
Por otra parte, reconocidos juristas locales, convocados para realizar sus aportes a la propuesta, han manifestado algunas observaciones al borrador del gobierno y la necesidad de continuar trabajando para la elaboración de un anteproyecto adecuado a las necesidades actuales y futuras de la provincia. Expresan que la nueva ley debería describir con claridad las funciones y estructura del Departamento de Aguas que serán más amplias que las del actual Departamento General de Irrigación. También se pudo saber que los especialistas señalan que el borrador del anteproyecto incorpora principios de política hídrica, los “Principios Rectores de Política Hídrica en la Argentina”, y que tales principios alteran los principios de política hídrica de la Constitución Provincial.
Principio de igualdad
En nuestra provincia, como en otras partes, legislar sobre el agua, el ambiente, tiene un fuerte impacto en la sociedad. Hace unos días, autoridades de Irrigación participaron de una serie de reuniones con regantes e inspectores de cauce de General Alvear que pintó un panorama difícil para llevar a buen puerto al Código. Es que la mayoría de los participantes se mostró reticente frente a la iniciativa. Y plantearon varios cambios y reuniones futuras.
El destacado historiador Pablo Lacoste, representante del Clúster Mendoza Este, ha manifestado en un medio local sobre la necesidad de que el futuro Código tenga el equilibrio necesario para evitar las desigualdades y la apropiación del vital líquido por parte de ciertos sectores en desmedro de otros. Como titular del Clúster, advierte que el Este mendocino es víctima de un sistemático proceso de reducción de los caudales de agua del río Tunuyán. Así, la mayor parte del agua va a parar a las zonas del Tunuyán Superior (Valle de Uco).
La minería en la mira
Y también en medio de esta coyuntura, se aviva el debate entre quienes se mantienen como defensores del medio ambiente y quienes apuestan al desarrollo económico de la provincia a través de la minería. Los primeros ya han expresado públicamente que este Código favorece la minería, mientras que los segundos sostienen todo lo contrario. Lo cierto es que diversas entidades han dejado en claro su oposición al Código. Desde Irrigación reconocen que sí está recibiendo una fuerte oposición a la iniciativa, pero la mayoría obedecen a posiciones políticas.
La representante legal de Irrigación, Marcela Andino, sostiene: “el gobierno de la provincia está impulsando la minería en el distrito minero, en Malargüe, donde hay agua disponible porque no hay ningún emprendimiento agrícola en esa zona; pero la verdad es que el Código no facilita o promueve la minería. No es el código de aguas el que tiene que prohibir la minería. La minería es una actividad legal en Argentina, está prevista, está regulada, hay un Código de Minería, una ley nacional que se aplica en todas las provincias y el Código Procesal de Minería fue recientemente modificado y aprobado en la Legislatura. Es decir que no hay que pedirle al Código de Aguas cuestiones que no tienen que ver estrictamente con el agua”. Y aclara: “Si podemos referirnos a los aspectos que vinculan la minería con el agua, y lo que podemos decir es que la Ley 7722 ha sido incorporada (al Código), los artículos que refieren al agua en esa ley están incorporados y podemos garantizar que hemos elevado el estándar de protección de la calidad y preservación del agua al incorporar resoluciones que tiene Irrigación sobre la preservación y control de la calidad del agua no sólo de la minería, sino también de otras actividades que pueden ser contaminantes”.
“Se cuenta con reglamentaciones para la actividad industrial que también puede provocar impacto en la calidad del agua. Todo esto lo estamos llevando a nivel de legislación y estamos incorporando algunos otros instrumentos que hacen más efectivos los controles del Estado respecto de las actividades mineras e hidrocarburíferas no convencionales. Desde ese punto de vista no desalienta la actividad minera. Lo que estamos haciendo es preservar los niveles de la calidad del agua, lo estamos elevando a rango de ley”.