El pasado 26 de noviembre a las 18 hs., y los convocados por la Dirección de personas jurídicas, a participar de la Asamblea en el Club Personal Banco Mendoza (C.P.B.M.), fueron arribando a medida que se acercaba la hora.
A poco llegar, se podía observar un número muy grande de socios de las distintas disciplinas, hóckey césped, básquet, fútbol, rugby, hóckey patín, danza, artes marciales; todos con su carnet demostrativo de la antigüedad y el recibo de pago que los acreditaba habilitados para ejercer el legítimo derecho de participación en la Asamblea.
Por otro lado, en un lugar exclusivo, cerrado, sin posibilidad de acceso, se reunían una veintena de personas que conformaban la convocatoria de la actual Comisión directiva, que resiste activamente la realización de esta Asamblea. Se los notaba sonrientes, por no decir exultantes por algo que la gran mayoría de los convocados aún no conocía de qué trataba.
En un momento determinado, antes del inicio, arribaron a la sede autos oficiales, efectivos de la Policía de Mendoza, una oficial de justicia representando a la Jueza del 8vo. Juzgado Civil, Dra. Guzmán, notificando a los asistentes que, en la mañana, había resuelto una medida provisoria de suspensión de la Asamblea, a petición de la pequeña veintena, que actualmente administra el Club.
Explicó la oficial de Justicia que la medida provisoria adoptada había sido resuelta, previo el pago de una fianza de $ 80.000,00; porque la resolución que convocaba la asamblea tenía algunos puntos dudosos. ¿Y cuáles eran esos puntos dudosos?
El punto es que los integrantes del pequeño grupo que resiste la apertura del Club son precisamente, los únicos habilitados a concurrir a la asamblea, los “socios activos” del estatuto que, obviamente son la veintena de ex empleados del Banco Mendoza; y solamente ellos los habilitados a votar.
Todos estos artilugios legales, utilizados por este pequeño grupo, son una manera clara de aquella vieja sociedad, en la que pretenden esconder sus privilegios, guardar sus egoístas derechos en unos muy pocos y evitar la apertura a la comunidad de una institución que debe estar abierta a todos los sectores de la comunidad de Chacras de Coria, La Carrodilla y sus alrededores.
La lucha prosigue, el resto de los más de 2.500 socios que pugnan por participar de la Asamblea, siguen de manera cada vez más activa… Será que la realidad de todo esto tiene solo dos maneras de resolverse: por un lado, el paso del tiempo, con lo que conlleva respecto de las personas mayores; o tal vez los organismos del estado, o la actual veintena de dirigentes entiendan que el mundo cambió, que las comunidades tienen otros mecanismos de participación, que los privilegios de los viejos sistemas exclusivos ya no existen más y están condenados a desaparecer. El 26 de noviembre quedó evidenciado. Una veintena de privilegiados resistiendo lo que más de 2.500 pugnan por poder participar, y ser incluidos en un proyecto de comunidad.
¡Crónica de un fin anunciado!
Como separata:
Nuevo Código Civil: Prohibe la discriminación de los asociados.
El Nuevo Código Civil pone fin a prácticas abusivas que sufrían los asociados de instituciones, en especial deportivas y sociales, donde por medio de su estatuto se creaban restricciones que erigían un grupo con más poder o legitimidad que el resto de ellos. Las Asociaciones Civiles deberán adecuar sus estatutos sociales, eliminando las condiciones “restrictivas” que impedían el ejercicio de los asociados en sus derechos para poder elegir o ser elegido para cargos directivos. Permitiendo sólo como válidas las impuestas como antigüedad o pago de cuotas sociales.
ARTICULO 175.- Participación en los actos de gobierno. El estatuto puede imponer condiciones para que los asociados participen en los actos de gobierno, tales como antigüedad o pago de cuotas sociales. La cláusula que importe restricción total del ejercicio de los derechos del asociado es de ningún valor.
José Luis Ramón
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