Conflicto medio ambiente-minería

¿Es viable San Jorge?

La extracción de cobre y oro en la villa cordillerana de Uspallata es una alternativa incierta. La Secretaría de Ambiente impone sus condiciones pero no se sabe qué va a pasar con ellas. La empresa minera sostiene que el agua es de su propiedad, sin embargo la Constitución de Mendoza establece su carácter público. Se analizarán las mociones presentadas por los ciudadanos.

Por María Eva Guevara

Si bien es cierto que es muy difícil el desarrollo de un país sin minería, también hay que analizar cómo repercute ésta en la vida social de la zona donde se establece. En el caso de la empresa minera San Jorge, que busca explotar yacimientos de cobre y oro en Uspallata, existen varias dudas en este sentido, además de las específicas técnico-ambientales como, por ejemplo, los productos que se van a emplear en la explotación –si es que están por debajo de los estándares de contaminación o no-.

Uno de los informes sectoriales realizados es de la UNCuyo. En él se plantean varios interrogantes. Por ejemplo, se observa que la minera San Jorge no proporciona información suficiente sobre qué va a hacer en Uspallata, teniendo en cuenta todos los aspectos sociales que se modificarán con la radicación de más de 2 mil personas en esa villa. No se sabe qué va a pasar con la prostitución asociada a la práctica de la minería, no hay referencias a lo heterogéneo de la población allí concentrada porque si bien se prevé que todos serán de sexo masculino, algunos serán solteros mientras que otros con familia. Otro punto sin resolver es la complejidad del hospital que se va a necesitar en Uspallata.

Estas dudas sobrevolaron en la audiencia pública del 26 de octubre pasado. En dicho  encuentro, que duró más de 13 horas, hablaron 750 personas, expusieron sobre el tema unas 350 y presenciaron el debate unas 2000 personas en total. La lectura de ese verdadero acontecimiento fue que la sociedad salió fortalecida, abrazada a argumentos muy serios como el que se leía en una gran bandera “sin licencia social no hay minería.”

El agua

Es el gran tema. Luego de la audiencia pública la Secretaría de Medio Ambiente tomó una gran decisión. Requirió a la empresa Minera San Jorge que tramite y obtenga la autorización para el uso minero del agua pública de la provincia conforme al artículo 194 de la Constitución Provincial y las Leyes de Aguas. Según dijo el  secretario Guillermo Carmona  “si la empresa no consigue la concesión para el uso del agua del Departamento General de Irrigación y ésta no es aprobada por la Legislatura Provincial el proyecto no es viable”.

La autorización para uso minero del agua es un requisito indispensable teniendo en cuenta que el recurso hídrico constituye uno de los principales insumos del proyecto y, a su vez, se trata de un recurso estratégico para la provincia, más aún ante la situación de emergencia hídrica que atraviesa Mendoza y los derechos adquiridos de otros usuarios que podrían verse afectados.

Esta decisión no surge de la nada. Ya existía un dictamen del Departamento General de Irrigación donde se estimó necesaria la aplicación del “principio precautorio” que aconseja tomar todos los recaudos pertinentes para evitar consecuencias no deseadas, como en este caso aumentar la vulnerabilidad del acuífero, ya que es posible que el agua subterránea se conecte con la cuenca del Río Mendoza.

San Jorge viene negando esta posibilidad al asegurar que la cuenca es cerrada. A su vez niega el carácter público del agua. Toda información sesgada que se contradice con las leyes que rigen en Mendoza desde hace muchísimos años. Es facultad del DGI otorgar una concesión precaria de manejo de aguas hasta por diez años, pero pasado ese plazo la que debe autorizar es la Legislatura Provincial.  Y el proyecto San Jorge tiene un horizonte previsto de 17 años.

Uniformidad de criterios

Otra condición indispensable impuesta por el secretario de Ambiente Guillermo Carmona, es sumar a este proceso de evaluación un informe científico acordado entre las universidades que previamente dictaminaron de forma contradictoria.  Este mecanismo ya está en marcha y es de preveer que en el mediano plazo estén los resultados. La idea es alcanzar niveles de consenso social y político en torno a la viabilidad o no de este proyecto y para ello hace falta un dictamen con nuevas exposiciones fundadas en conocimiento riguroso, científico y comprobable.

En este punto hay que decir que a la Minera San Jorge le han faltado estudios y estar a la altura de lo que pregona –progreso, cuidado del medio ambiente, responsabilidad empresaria- . De ahí los dichos de Carmona, quien señaló que durante la audiencia pública la empresa no logró convencer.

Los motivos de esta frase hay que verlos en las falencias de conocimiento aportado por San Jorge. La empresa viene asegurando que la filtración no alcanzará las napas y que los residuos del proceso no son peligrosos, pero no hay estudios que avalen si el producto que usarán como sucedáneo del cianuro -prohibido por ley-, está dentro de los estándares aceptables de contaminación; no se ha investigado la posible generación de un subproducto -sulfuro de carbono que sería contaminante-, ni tampoco se ha indagado en cómo se va a hacer el seguimiento de la actividad.

Hasta ahora San Jorge no ha aportado mayores precisiones. Según informó el rector de la UNCuyo Arturo Somoza, en el informe elaborado por esa casa de estudios se señala que no está dicho en la propuesta presentada qué explosivo se va a utilizar y qué productos tiene ese explosivo ni qué tamaño de partículas se van a producir con la explosión. Tampoco están estudiadas estas cuestiones en relación a los vientos predominantes. Todo ese conocimiento sería muy útil para saber hasta dónde podría llegar el polvo atmosférico. Somoza dio el siguiente ejemplo-interrogante: ¿Podría llegar hasta donde está el observatorio de La Pampa?

Es San Jorge quien debe dilucidar todos estos temas aún no resueltos.

Claves

San Jorge se propone obtener 40.000 toneladas de cobre fino y  40.000 onzas de oro en un horizonte previsto de 17 años. Se ubicará en el Yalguaraz, a 45 km. de la villa Uspallata. Según Pablo Alonso, portavoz de la empresa, se utilizará el 45% del caudal del arroyo El Tigre, pero sólo el 0,6% de toda la cuenca. La empresa sostiene que el agua es de su propiedad y que se trata de una cuenca cerrada, es decir, no conectada con la cuenca del Río Mendoza.

Dijo Guillermo Carmona:  “este proyecto, sin agua, no existe.” Se refería a la resolución que acababa de firmar, la  614/10.  En ella se establece el carácter público del agua –principio que está en la Constitución de Mendoza- y la gravedad de la disponibilidad del agua potable en una Mendoza con emergencia hídrica.

Como gran novedad institucional, Carmona también anunció que se van a analizar las mociones presentadas por los ciudadanos en Uspallata. Ese análisis estará a cargo de una Comisión Evaluadora Interdisciplinaria de la Actividad Minera (CEIAM), integrada por 15 organismos, incluidas las universidades.