Los accidentes de tránsito… ¿son realmente tales? ¿O, por el contrario, son problemas de seguridad ciudadana? De ser así, debemos estudiar sus causas, efectos, tratar de prevenirlos y sancionarlos adecuadamente como todo otro atentado contra la seguridad pública.

Como sociedad, hemos ido asumiendo paulatinamente estos acontecimientos como algo natural y normal, cuando en realidad no debieran serlo. Es necesario que, como todos los temas de seguridad, figure en la agenda de los mendocinos como política de Estado.-

Normalmente se define el accidente de tránsito como un suceso o acción en el tránsito de vehículos y peatones, en que imprevista e involuntariamente, resulta daño para personas o cosas. Lo que le da la propiedad de accidental, es su carácter de imprevisto e involuntario, es decir, que si por distintas razones no se aplican y agotan los mecanismos de prevención, no estaríamos en presencia de un simple accidente, sino en presencia de un conjunto de acciones negligentes.

Nuestra provincia se encuentra segunda en el ranking nacional de accidentes ya que contabilizamos como consecuencia de éstos la pérdida de una vida por día.

Estos datos demuestran claramente la histórica ausencia de una política de Estado en materia de Seguridad Vial, que tenga por objeto no sólo la sanción pecuniaria de las faltas administrativas cometidas por los particulares, sino que a través de éstas, el Estado asuma una verdadera tarea de prevención, fundamentalmente con la educación temprana de la sociedad, el desarrollo de campañas publicitarias especialmente dirigidas a cambios de conductas, una adecuación de calles y rutas dotándolas de los nuevos concepto de diseño y tecnología hoy disponibles y el control de los vehículos.

Quién puede conducir automotores

En otros países, por ejemplo en España, las  exigencias que se aplican en los exámenes para la obtención de la licencia de conducir indican que en el primer intento sólo aprueba el 50% de los aspirantes, mientras que en Japón sólo lo logra el  10%. Por el contrario, en Mendoza, el 90% por ciento de los aspirantes primarios aprueban los exámenes que, a diferencias con los otros países, no contienen preguntas eliminatorias esenciales, ni exámenes psicofísicos. Peor aun no se ha instrumentado la utilización de la licencia de aprendizaje en el período de enseñanza y práctica, aspectos incorporados en la ley Provincial 7680 y que el propio  Estado no implementa.

Ocasionalmente,  la sociedad reclama mayor eficiencia estatal en esta tarea, pero la pregunta que nos hacemos es ¿qué clase de eficiencia se reclama?. Generalmente no se trata de mayores exigencias en los exámenes de habilitación, sino por el contrario, se exige rapidez en el trámite. Así, el servicio es “considerado como bueno” si el ciudadano obtiene su licencia en un breve trámite, y de aprobación segura.

Por supuesto que esto no debería ser así. La licencia de conducir no es un derecho ciudadano, sino que por el contrario, es una autorización revocable que entrega la autoridad de aplicación a quienes cumplen con los requisitos exigidos por la ley, debidamente comprobados por personal idóneo que disponga de equipamiento e infraestructura para realizarlo.

Qué vehículos pueden circular por la vía pública

Un gran número de “accidentes” es la consecuencia directa del más que deplorable estado de conservación de los vehículos que transitan a diario por nuestras calles y que pese a esta circunstancia circulan bajo la mirada cómplice, o en el mejor de los casos tolerante, de las autoridades encargadas del control. El mantenimiento, la conservación y el estado en que se encuentran los vehículos deben verificarse constantemente no solo en rutas y calles sino a través de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Su incumplimiento debería traer aparejada la responsabilidad del Estado, más allá de que en la actualidad esta responsabilidad no es reclamada por la víctima ni sancionadas por los Jueces. Se trata, en definitiva, de vidas humanas que se pierden inexplicablemente debido a que por nuestras rutas y calles circulan vehículos sin luces, sin frenos, sin identificación, sin seguro y absolutamente contaminantes para el medio ambiente.

Lamentablemente, en este sentido tampoco se aplica la ley.

Responsabilidad del Estado

A los efectos de que el Estado pueda cumplir con sus funciones, también le hemos otorgado la posibilidad de la sanción – uso legítimo de la fuerza-. Quizás todos somos responsables, aunque en diferentes grados, de la actual problemática de inseguridad vial. Pero al igual que con el resto de los problemas de inseguridad, es el Estado quien tiene la mayor carga de responsabilidad.

Agentes públicos, provinciales o municipales, sin la debida especialización ni formación adecuadas para detectar las infracciones de riesgo, falta de mecanismos de control del accionar de estos agentes, falta de equipamiento y de estrategias para detectar las infracciones, falta de señalización vertical y horizontal, rutas de diseño incorrecto o con insuficientes elementos de seguridad imprescindibles como las banquinas  son sólo algunos de los ejemplos de los deberes que el Estado no cumple o cumple deficientemente .-

Educación y campañas

El Estado ha abandonado la educación como el más importante instrumento de modificación de conductas que atentan contra la vida y bienes de la sociedad. Nuevamente, en este aspecto la Ley de Tránsito, obliga al Gobierno a incorporar los contenidos de Seguridad Vial en las currícula educativas desde el nivel inicial, medida preventiva que, como las anteriores tampoco se cumple.

Aun consientes de la gravedad de la situación económica que nos aqueja, pero pensando con optimismo que paulatinamente vamos a superar la misma, hacemos esta reflexiones con la certeza de que la mayor parte de los llamados “accidentes de tránsito” son previsibles y por lo tanto evitables.

Para trasformar esta realidad se requiere no sólo medios económicos sino voluntad política para lograrlo, conocimientos e idoneidad  en la materia, capacitación y entrenamiento en las áreas de incumbencia, políticas culturales y educativas adecuadas, campañas publicitarias sostenidas en el tiempo y la inversión permanente en la construcción de carreteras adecuadas a los tiempo que corren. Todo esto permitirá en forma paulatina solucionar esta grave problemática.