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Dr. Alberto Montbrun
Universidad Nacional de Cuyo
Probablemente, siendo tan solo un economista mediático con escasa formación intelectual, Javier Milei suponga seriamente que el 56 % de los votos que sacó le pertenecen porque la gente apoyó sus propuestas. No se da cuenta que fue, por lejos, el mal menor para millones de argentinos fatalmente condenados a votar candidatos horribles. A pocos meses de haber asumido ¿ya empezó a mostrar la hilacha autoritaria?
¿La gente lo votó porque prometió dolarizar la economía? ¿La gente lo votó porque prometió que iba a suprimir el Banco Central? ¿La gente lo votó porque prometió que iba a facilitar y liberar el comercio de armas y órganos? ¿La gente lo votó porque prometió suprimir la ESI de las escuelas? Seguramente no. Es posible que el original y exiguo 30 % de la primera vuelta tuviera algún remoto componente ideológico o programático, pero no hay dudas de que el paso de los primeros 8 millones de votos –frente a los casi 10 millones de Massa– a los finalmente 14 millones y medio de la segunda vuelta se debieron pura y simplemente al hecho –que parece aún no entendido por la partidocracia tradicional– de que la gente está literalmente podrida y descreída de la vieja política. ¿Y este personaje es “lo nuevo”? ¿En serio? A ver.
No se trata de descalificar o menospreciar los logros del gobierno actual. La reducción del incremento de la inflación es un logro, así como también el acercamiento a la clausura del déficit fiscal más allá de que el costo social del proceso resulte de penuria. Sin embargo existen pautas de conducta del presidente que preocupan a quienes los votaron desde el lado de la democracia y no desde el lado del populismo de derecha. Hasta ahora, para bien o para mal, el papel regulador y controlador del Congreso ha servido para corregir o evitar excesos de un gobierno que, de incrementar su presencia en el poder legislativo en las elecciones de medio término del año que viene, puede empezar a asustar.
Alguien, un político, el político inglés Winston Churchill, dijo alguna vez que “la democracia es una forma de hacer las cosas”. Cuando uno ve que la persona que hemos elegido para gobernar un país agobiado y sangrante de grietas, peleas, insultos, agravios, parejas y amistades destruidas por una forma berreta e inconducente de hacer política y desgarrados por la corrupción y la pobreza agobiante, cuando ve a esa persona incurrir en las mismas actitudes y las mismas conductas que nos han traído al borde de la disolución como sociedad (y que solo parecerse unirse por el fútbol) se preocupa. Digo más, se preocupa y se asusta.
La ley 27275 de libre acceso a la información pública fue tal vez uno de los más significativos logros del gobierno de Mauricio Macri al aprobarse por amplias mayorías y está basada en una premisa esencial de la democracia: que cualquier persona, sin tener que invocar razones o dar explicaciones debe poder acceder a todos los datos e informaciones en poder del Estado. Por supuesto que no solo es una herramienta esencial para ciudadanas y ciudadanos preocupados por la democracia sino también para los organismos de control del poder y para el periodismo de investigación. Jamás fue objetada desde que entró en vigencia.
El Poder Ejecutivo nacional promulgó recientemente el decreto 780/24 que restringe, limita y condiciona de manera significativa los alcances y la efectiva aplicación de la ley.
Se trata de una burda maniobra autoritaria que ha sido rechazada por la totalidad de la prensa y por innumerables organizaciones sociales que trabajan en materia de transparencia y anticorrupción. Solo el prestigioso portal Chequeado.com enumeró algunos de los casos que se hicieron públicos recientemente gracias a esta ley en la actual gestión:
1) las personas que ingresan a la Quinta de Olivos (también clave en la investigación de la conducta del ex presidente Fernández);
2) los alimentos guardados en depósitos del Ministerio de Capital Humano muchos a punto de vencerse;
3) el dinero gastado en los vuelos de Javier Milei al exterior no relacionados con su función de presidente de la República;
4) los montos de las jubilaciones de ex presidentes y vices;
5) la información -tardíamente reconocida por el gobierno- del giro del Banco Central de una cantidad importante de lingotes de oro al exterior.
Una ciudadanía sin información clara y fidedigna de lo que hacen sus líderes no puede tener otro destino que el autoritarismo. Ojalá la posición del Jefe de Gabinete Guillermo Francos, que admitió ante la Cámara de Diputados la posibilidad de reformar o anular ese decreto, se imponga a la del monje negro del gobierno, Santiago Caputo que no desea que se toque y es su verdadero impulsor. El liberalismo te lo debo para la próxima elección.
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