Dr. Alberto Montbrun
Universidad Nacional de Cuyo
Señora de ojos vendados
que estás en los tribunales,
sin ver a los abogados
baja de tus pedestales,
quítate la venda y mira
¡cuánta mentira!
(María Elena Walsh)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una vacante no cubierta y otra que se producirá a fin de año. El presidente acaba de enviar al Senado los pliegos de sus dos candidatos a ocuparlas. Su tarea de síntesis ha sido, reconozcámoslo, genial. ¡Qué estadista!
Es cierto que la conducta de Javier Milei ya no sorprende cuando se lo ve aliarse a los elementos más rancios de la casta para poder garantizar la gobernabilidad. Pero a uno siempre le queda un poquito de asombro reservado. Es que el poder judicial de nuestro país tiene, según múltiples encuestas y estudios de opinión pública, un bajísimo nivel de apoyo y confianza en la inmensa mayoría de la población. Por ejemplo, un análisis publicado el 24 de abril de 2024 en La Nación indica que un 49% de la población tiene “poca confianza” en la Corte Suprema de Justicia y el 38% “ninguna”.
Los datos de opinión pública sobre la Corte Suprema de Justicia deberían reforzar la preocupación de los líderes por la promoción a la judicatura de personas cuyos antecedentes éticos, profesionales y morales sean intachables. Pero no ha sido el caso de nuestro recién estrenado presidente. Dado que el proceso de designación de jueces a nivel nacional plantea previo a su consideración en el Senado un espacio de participación y opinión ciudadana, muchas organizaciones jurídicas, políticas y sociales han expresado sus cuestionamientos –por distintas razones– a ambas candidaturas. Vaya un ligero semblante de los candidatos.
El caso del actual juez federal Ariel Lijo es particularmente preocupante ya que para muchas personas expresa todas las características de lo que podría considerarse lo más criticable o repudiable de la casta judicial (¡Si! ¡Claro que hay una casta judicial! Y también hay una casta universitaria, no seamos ingenuos). A lo largo de años ha recibido graves acusaciones en el Consejo de la Magistratura, fundamentalmente ligadas a sus demoras en la tramitación de causas de corrupción, asociación ilícita, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, coimas e influencias significativas de su hermano Freddy Lijo en operaciones judiciales de todo tipo. No obstante, las acusaciones nunca llegaron a investigarse a fondo. Tampoco prosperaron las denuncias ante la justicia penal. Varias fueron presentadas oportunamente por el partido que lidera Elisa Carrió, pero se destaca la profesionalidad y la solvencia del abogado defensor del juez Lijo en sus causas penales, que le han permitido zafar. ¿Quién es su abogado defensor? ¡Mariano Cúneo Libarona, el actual ministro de Justicia de la Nación! ¿Justicia independiente? Me permito dudar.
La nominación de Lijo ha sido objeto de innumerables objeciones de muchas organizaciones de Argentina – y del extranjero – que han manifestado múltiples señalamientos por su actividad como juez y por las sospechas que ha generado y que motivaron las denuncias mencionadas. Mencionamos entre otras – ya que provienen de todos los costados de la grieta – las de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Unión de Usuarios y Consumidores y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
Totalmente distinto es el caso del otro candidato nominado, Manuel García Mansilla, destacado jurista, profesor e investigador de trayectoria personal y profesional, hasta donde sabemos, intachable. El reparo que plantea su nominación tiene que ver con el hecho de que el candidato es actualmente el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral que, como es público y notorio, pertenece a la agrupación civil de extrema derecha religiosa llamada Opus Dei. ¿Qué se le cuestiona a García-Mansilla? Principalmente sus visiones políticas de temas controversiales, sobre los cuales el Congreso de la Nación ya se ha expedido después de prolongados e intensos debates. ¿El más grave? En mi opinión, el hecho de estar en contra del derecho de una mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado, aunque provenga de un abuso sexual. ¿No será mucho doctor? Sin embargo, reconozcamos que, en el marco de una democracia republicana, un presidente tiene todo el derecho del mundo de proponer para la Corte Suprema de Justicia a personas que piensen parecido a él.
Otro tema que afecta ambas candidaturas es que, al enviar los pliegos de dos hombres, viola cualquier principio de equidad de género. Y resulta notorio que, a esta altura de la evolución de las políticas de inclusión, una elemental paridad indica que debería designarse a una –por lo menos, sino a dos– personas de género femenino en el alto cuerpo judicial del Estado. Será otro tema que interpela la consistencia del quienes deben dar los acuerdos.
