Dr. Alberto Montbrun

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El sainete generado en la política mendocina por el caso del “subsidius interruptus” al pastor Bonarrico ha mostrado muchas de las miserabilidades de nuestra dirigencia. La reacción del gobernador de hacer marcha atrás no tapa la desprolijidad del tema, pero las sobreactuaciones tanto del gobierno como de la oposición tampoco ayudan. Mucha hipocresía y niñitos caprichosos.

En mayo pasado en un reportaje radial el pastor evangélico y ex senador provincial Héctor Bonarrico declaró que su iglesia iba a recibir un aporte de 18 millones de pesos del gobierno de la provincia, como reconocimiento a la incorporación de su partido político MasFe a la coalición ganadora de las últimas elecciones encabezada por la UCR. El decreto gubernamental ya había sido publicado en el Boletín Oficial. Ante la perplejidad que generó esa declaración el gobernador Suarez decidió por contrario imperio anular la asignación del subsidio.

La oposición, principalmente el justicialismo, aprovechó la grosera situación para tirarse encima como un scrum de rugby. El justicialismo, envalentonado por el off side del gobierno y erigido en custodio insobornable de la moral y la ética menducas, fue generando en el transcurso de los días una serie de acciones encaminadas a mantener la atención pública sobre el tema. Primero los pedidos de informes en la Legislatura, luego la interpelación al ministro de gobierno Víctor Ibañez Rosaz, luego la denuncia penal y finalmente la negativa a sesionar hasta que no concurriera a la Legislatura el ministro responsable de la formalización jurídica de la gaffe. Si, seguro estimada lectora o lector, ya sabemos que en el medio de este show el país arde y la economía se pierde en la bancarrota de una nueva frustración y una nueva decepción. Pero bueno, había que aprovechar la situación.

El oficialismo respondió con desmesuras semejantes. De esas que hacen que la gente se pregunte para qué nos sirve mantener a ochenta y seis (leyó bien: ochenta y seis) senadores y diputados si no son capaces de resolver uno solo de nuestros graves problemas y viven peleándose por tonterías. Presentó otro pedido de informes pero en este caso ampliado a los últimos diez años, buscando abarcar también los subsidios entregados por el período del justicialista Paco Pérez, mandó a la Legislatura una caja de decretos y resoluciones sobre subsidios para que la oposición se entretuviera un rato y finalmente incurrió en un dislate simpatiquísimo: denunció penalmente al pastor Bonarrico por presunto delito de fraude a la administración pública. Delito que, de verificarse, no habría sido posible sin la participación activa, entusiasta y esencial del propio Suárez y sus ministros.

Estos procesos de “escalamiento” (paradigma sistémico) son de práctica frecuente en nuestra política. Cuando algún sector quiere investigar algo, el otro reacciona y ataca con una indagación recíproca. En el camino hay interminables discusiones, tormentas de egos, plagas de twitts, acusaciones, denuncias y declaraciones altisonantes y la gente sigue sin saber nada. Tal vez muchos de esos líderes de regreso en casa, hartos de haber twitteado insultos y descalificaciones, besan a sus hijos amadísimos y se van a dormir pensando que han hecho algo muy útil para la calidad de vida de la gente. Traslade el lector o lectora el ejemplo a cualquier situación de nuestra argentinidad y pregúntese por qué nos va como nos va.

Usted se preguntará también ¿por qué el gobierno no hizo lo que la sensatez más elemental aconsejaba? Es decir: que fuera el ministro Ibáñez a la Legislatura, dialogara con oficialistas y opositores, explicara la confusión o la ligereza del otorgamiento, justificara su destino social, afirmara que evidentemente el pastor había entendido otra cosa, saludara y se fuera. El tema desnudó la hipócrita y miserable situación de nuestra política, que no solo se percibe en los hechos de Mendoza sino también a nivel nacional y en cada provincia que la amable lectora o el amable lector desee indagar. Los subsidios estatales a cualquier actividad son parte absoluta de la (muy mala) cultura política argentina.

En todas las provincias, municipios, organismos nacionales y ministerios la práctica del subsidio discrecional, arbitrario, selectivo, direccionado y siempre fácil de justificar por alguna razón social válida, es una práctica habitual. Organizaciones civiles de todo tipo, uniones vecinales, entidades deportivas y culturales o fundaciones reciben normalmente la amable dádiva del Estado pródigo, que pagamos todos. La patria generosa, subsidiadora y dispendiosa sobrevive a todos y todas, sin la menor objeción.

Eso sí, el gobierno nacional –como si no tuviéramos problemas y como siempre haciéndose eco de las necesidades y angustias del colectivo social– ha decidido impulsar un proyecto de ley para ampliar a veinticinco la cantidad de cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia. Debe ser la respuesta a algún clamor popular ineludible y urgente. En fin, así estamos.