Por Ing. Ricardo Claverol
El agua usada por humanos y animales se denomina “agua dulce” y se obtiene de ríos, lagos, vertientes y acuíferos subterráneos. Se usa para riego (75%), producciones industriales (10%) y/o consumo humano (15%). Al ser transportada por canales y acequias adquiere valor agregado. Ese agua al ser “purificada” (eliminarle compuestos perjudiciales para la salud) se transforma en “agua potable”. Adquiere más valor agregado, llegando hasta nuestra casa por cañerías enterradas, como si recibiéramos miles de “botellas” de agua potable diariamente.
Al estar el Gran Mendoza en zona pedemontana (pendiente Sur/Oeste-Nor/Este) se aprovechan las diferencias de nivel para conducir el agua por gravedad, sin consumir energía eléctrica. En cambio el uso de agua subterránea requiere de energía para elevarla. La Ley de Aguas de Mendoza prioriza la provisión de agua potable a la población.
Los proveedores de agua potable son grandes “fábricas” de ese líquido, que lo produce y distribuye a domicilio. Tanto este sistema como el cloacal, son infraestructuras de altísimos costos, que requieren ser bien planificadas y demandan grandes inversiones para ser construidas y operadas.
Por ello, estos servicios deben ser ejecutados ANTES de realizarse una urbanización, y NO DESPUÉS. Eso estipula la Ley de Loteos de Mendoza.
En el Gran Mendoza hay 5 establecimientos (de Aysam, construidos entre 1950 y 1980, algunos mejorados y/o ampliados después), que producen unos 5 m3/seg y unas 20 perforaciones que aportan 1 m3/seg aproximadamente.
Las Municipalidades de Luján y Maipú producen 0,9 m3/seg y 1,2 m3/seg. Sin considerar pequeños proveedores, de escasa incidencia, la producción del Gran Mendoza supera los 8 m3/seg, con un total diario de 650.000 m3.
¿Y cuánto consumen los habitantes del Gran Mendoza? No existen sistemas masivos de medición, sólo hay estimaciones. Si cada habitante consume 200 litros/día (estimación de organismos internacionales), la demanda total es 200.000 m3/día. Pero al estar en una zona árida (demandante de más agua potable para otros usos), el consumo per cápita puede estimarse en 350 litros/día, y la demanda total en 350.000 m3/día.
Al restar esa demanda a lo producido… vemos un excedente de 300.000 m3/día. ¿Sobra agua potable? El cálculo es teórico… la realidad no es perfecta… hay pérdidas e ineficiencias. En la producción hay pérdidas del orden del 5%. Luego, en la distribución se pierde un 10% o más (quedando unos 550.750 m3 diarios para entregar al millón de usuarios del Gran Mendoza). Con esta hipótesis más realista, ¿se estarían “evaporando” 200.000 m3/día? ¿O estamos derrochando mucha agua?
El derroche puede estimarse en 200 litros/habitante y día. O sea que cada persona consumiría 550 litros/día. En otras zonas de clima similar, como Santiago de Chile, se consumen unos 220 litros/persona y día (incluyendo consumos industriales y comerciales). Entonces…
- ¿Qué pasa si el Operador no controla sus pérdidas e ineficiencias?
- ¿Qué ocurre si no aumenta la producción y/o mejora la distribución?
- ¿Qué pasa si no se minimiza el derroche de usuarios?
Posiblemente…
- El agua potable sea un elemento escaso, caro y causa de litigios.
- Habrá zonas perjudicadas. ¿Cuáles?
- Se deteriore la calidad ambiental y la vida de los habitantes.
Y seguirá ocurriendo que…
- No exista coincidencia sobre interés y prioridades en estos servicios…
- No se armen soluciones estructurales, sino siempre coyunturales…
- Siga la especulación y venta de terrenos baratos sin servicios.
La historia nos muestra que en nuestro país los servicios sanitarios administrados por el Estado o privados sobreviven mal. El nivel político interfiere demasiado y las tarifas (que contemplen operación, mantenimiento e inversiones futuras) son autorizadas por el gobernador de turno. Ninguna empresa subsiste si sus directivos son inexpertos y cambian constantemente, y además, el precio de sus productos es fijado por un tercero.
Hoy Aysam vuelve a incursionar en errores ya cometidos en los ‘80, cuando se hicieron inversiones inútiles en micro medición, sin contarse previamente con un Régimen Tarifario por consumo medido, que debe autorizar la Legislatura Provincial.
