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Actualidad: La obsesión del gobierno

La actualidad argentina es dramática. Sin embargo, quienes nos gobiernan parecen obsesionados con una sola cosa: avanzar sobre el control de la Justicia para consagrar la impunidad de las personas comprometidas en hechos de corrupción. Las últimas dos semanas de mayo estuvieron dedicadas sólo a eso en la Cámara de Diputados de la Nación. Fallaron, por poquito, pero hay que estar atentos. ¿Cómo sigue la historia y qué pasará con el tema después de las elecciones?

Por Dr. Alberto Montbrun / Universidad Nacional de Cuyo – alberto.montbrun@gmail.com

¿Qué es el Ministerio Público Fiscal?

Cuando se hizo la reforma constitucional de 1994 se acordó crear un organismo específicamente destinado a la investigación y persecución penal de los delitos: el Ministerio Público Fiscal. Fue concebido como un órgano “extrapoder”, es decir independiente y autónomo de los otros poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

El artículo 120 de la Constitución Nacional dispone que el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República.

El organismo fue regulado por la ley 27.148 que, con excelente criterio, decidió que la persona que estuviera a cargo de la conducción general de esa institución, es decir, quien está a cargo de la política de represión criminal del Estado, se trata nada menos que de eso, será el Procurador General de la Nación. La clave de su independencia es la designación. La ley establece que es nominado por el presidente y que se necesitan dos tercios del Senado para su confirmación.

¿Por qué se necesita una mayoría especial para el acceso al cargo? Porque el Congreso, a través de esta disposición, buscó que el mismo no fuera partidario o representativo de una facción o mayoría relativa, sino que es necesario un acuerdo, un compromiso, un consenso especial y agravado entre los principales partidos para garantizar la esencial independencia de criterio que debe tener el jefe de los fiscales y su equidistancia de cualquier gobierno de turno.

En noviembre del año pasado, el Senado aprobó un proyecto presentado por senadores ultra K que, como era de esperarse, obtuvo una rápida aprobación en la Cámara controlada por la vicepresidenta. ¿Y cuáles son las modificaciones que impulsa?

En primer lugar, y sin dudas la más ambiciosa, es que el o la titular del organismo necesite sólo treinta y siete votos, es decir mayoría absoluta del Senado, para el acuerdo de su designación. Una mayoría cómoda que el justicialismo nunca dejó de tener en democracia. Recordemos de paso que el cargo se encuentra actualmente vacante ya que, oportunamente, ni Macri pudo imponer a su candidata ni, hasta ahora, el presidente Fernández pudo imponer al suyo.

Otra modificación preocupante es la que facilita la remoción del Procurador pues bastará para ello una decisión “fundada” del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría absoluta. También se prevé que “a solicitud de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados, con aprobación de la mayoría absoluta y con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros” se pueda remover al Procurador. En cualquier caso de proceso de remoción el Procurador será suspendido en el ejercicio del cargo.

Si bien en la Cámara de Diputados se advirtió que sería muy difícil lograr consenso para la aprobación de este proyecto, hace dos semanas el Presidente de la Cámara, Sergio Massa, anunció que tenían los votos necesarios para lograrlo, aunque le introducirían algunas modificaciones a la sanción original. La reacción de la oposición fue inmediata y cuando el propio Roberto Lavagna, un aliado del gobierno, anunció que de ninguna manera votarían ese engendro, la posibilidad de la aprobación se cayó. Aún así alcanzó a tener dictamen favorable de las comisiones del cuerpo por lo que en cualquier momento podría ir al recinto. Nuestro vecino de Chacras, José Luis Ramón, se encuentra entre los más entusiastas sostenedores del proyecto de Cristina.

¿Y después de las elecciones qué va a pasar?

El gobierno tiene actualmente una mayoría cómoda en el Senado de la Nación y una primera minoría muy importante en la Cámara de Diputados. Si consigue ganar las elecciones de noviembre de este año y accede a la mayoría en ambas Cámaras, su próximo y ya preanunciado objetivo es, primero, aprobar esta ley de designación del Procurador y luego ampliar el número de jueces de la Corte Suprema. Se especula con llevarlo de cinco jueces, como es actualmente, a nueve u once. De esta manera, controlando el Ministerio Público – es decir la acusación penal – y la Corte Suprema – última etapa de los juicios – podrá adquirir la obsesivamente ansiada impunidad. Por supuesto, la última palabra la tiene el pueblo a la hora de votar en las próximas elecciones.

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