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Impunidad: La gran preocupación de nuestros líderes

Los grandes éxitos del gobierno en materia de reducción de la inflación, disminución de la pobreza, crecimiento económico y acceso masivo a la vacunación, le permiten concentrarse ahora obsesivamente sobre su gran preocupación: cómo evitarle a los corruptos juicio y castigo.

Alberto Montbrun

alberto.montbrun@gmail.com

Febrero no fue un mes grato para el gobierno. El pico de inflación sumado a la falta de cumplimiento de los objetivos de vacunación anunciados en diciembre –a esta altura deberíamos tener varios millones de vacunados– fueron datos muy duros.

Para colmo se sumó el escándalo del vacunatorio VIP que le costó la renuncia al ministro González García. Por suerte la número dos del ministerio, Carla Vizzotti no tenía la más mínima idea de esa grosera irregularidad que sucedía un piso debajo de su despacho y tampoco sabía que el ministro había “reservado” tres mil vacunas para personas especiales. Como no tenía idea que eso pasaba, pudo asumir como nueva ministra. ¡Menos mal!

Encima los asombrados argentinos y argentinas nos enteramos con el correr de los días de situaciones grotescas y vergonzosas relacionadas al tema, como -por ejemplo-, que Carlos Zaninni, nada menos que el Procurador del Tesoro, es decir la máxima autoridad de todos los abogados del Estado, se había registrado como “personal de salud” para acceder ilegalmente a la vacuna. Estas situaciones nos llevan al tema de fondo de esta nota: la gran preocupación y el gran desvelo de nuestro presidente y su gobierno están lejos de ser los problemas cotidianos que agobian a nuestra gente, tales como la seguridad, la economía, el desempleo, la inflación o la pandemia. No, para nada, el gran desafío del gobierno es cómo hacer para que:

1)    las personas detenidas por casos de corrupción puedan evadir la cárcel y estar en sus casas bajo prisión domiciliaria o figuras similares

2)    las personas procesadas por delitos de corrupción puedan alargar al infinito dichos procesos, a fin de acceder al gran logro de Menem en la causa de venta de armas a Ecuador y Croacia: que prescriban por el transcurso del tiempo.

La “gestión Fernández” ha sido ya muy exitosa en sacar de la cárcel a casi todos los detenidos con procesos y aún con condenas, como los casos de Amado Boudou, Milagro Sala, Julio De Vido, “Pata” Medina, Fernando Esteche, Cristóbal López, Fabián de Souza, Lázaro Báez, Roberto Baratta, Omar “Caballo” Suarez, Luis D´Elia y varios más que podrían considerarse actores secundarios. Todos ellos, según afirman en el gobierno, presos políticos acusados injustamente por la oligarquía y los medios hegemónicos.

Pero ahora, además de remociones y traslados de jueces; amenazas y denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento, persecución al Procurador General a cargo, y el mega proyecto de reforma judicial que reposa provisoriamente en la Cámara de Diputados con media sanción del Senado, hay más novedades.

La pomposamente denominada Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, ha decidido poner en vigencia algunos artículos sueltos que buscan beneficiar precisamente a procesados por corrupción.

La Comisión Bicameral puede hacer sugerencias y hasta presentar proyectos pero no legisla, salvo que haya cambiado la Constitución y nadie lo sepa. Su tarea es “evaluar, controlar y proponer durante el período que demande la implementación del nuevo Código los respectivos proyectos de ley de adecuación… para la mejor implementación del Código”.

Lo más absurdo de la disposición es que una sentencia sólo podrá ejecutarse cuando la haya resuelto la última instancia, es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A ver: póngale no menos de diez años de juicio, primera instancia, Cámara, Casación y ahí vamos viendo. Y ahora se agrega también la posibilidad de revisión por un tribunal internacional. Que incluso puede obligar a reabrir toda la investigación si encuentra que algún derecho humano ha sido vulnerado.

Como señaló el especialista Gil Lavedra: “Si una sentencia no se puede ejecutar hasta que la Corte la confirme, olvidémonos del sistema penal. Todo será apelado, todo tardará años y cuando llegue la sentencia de Corte, será inaplicable. Mientras, los delincuentes seguirán delinquiendo”.

Ya anteriormente esta Comisión, que preside la mendocina Fernández Sagasti, una de las espadas jurídicas más sagaces de Cristina, había puesto en vigencia un artículo específico del Código para facilitar la salida de la cárcel de De Vido y su colaborador Roberto Baratta, vinculados a la causa de los cuadernos.

Al mismo tiempo, referentes importantes del kirchnerismo como Milagro Sala, Hebe de Bonafini y Raul Zaffaroni vienen presionando desde la opinión pública para que el gobierno de Fernández dicte un indulto o el Congreso una ley de amnistía para todos estos casos.

Y usted, querida lectora o lector, ¿se ve jugando en este proceso? ¿le interesa? ¿o simplemente lo mira por TV?

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