Encontrándonos más relajados con la pandemia y con un poquito más de libertad para nuestros hábitos cotidianos, noviembre cerró con dos temas gordos lanzados por el gobierno al debate público. Por un lado, impulsó la aprobación del proyecto de impuesto a los ricos muy ricos presentado por Máximo Kirchner y Carlos Heller. Por el otro, el presidente mandó al Congreso la ley de interrupción legal del embarazo. Dos debates importantes. En el camino, y como quien no quiere la cosa, se anunció un nuevo sistema de actualización de jubilaciones que no contemplará el incremento del costo de vida como variable y la supresión del Ingreso Familiar de Emergencia. ¿Ajuste? ¿Quién dijo ajuste?

Por Dr. Alberto Montbrun – Universidad Nacional de Cuyo

Del primer tema, que ingresó a la agenda política a mediados de año, se ha hablado mucho en los últimos días. Su tratamiento se aceleró cuando el gobierno necesitó algún gesto para el progresismo en medio de las restricciones que impone la realidad económica.

El impuesto no se llama impuesto, se llama “aporte solidario” porque es por una sola vez y debe ser pagado por aquellas personas humanas que tengan declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos que es como decir algo menos de un millón y medio de dólares.

Los aspectos positivos del proyecto son bastante evidentes ya que el monto se destinará nada menos que a la exploración del gas natural; a la compra de insumos para la pandemia; a subsidios a PYMES y programas del Ministerio de Educación y a mejoras de infraestructura en barrios populares.

Los aspectos negativos tienen que ver, más que nada, con el hecho de que la presión tributaria en Argentina es ya bastante significativa para todos y todas y la incorporación de un nuevo tributo roza, a juicio de especialistas, lo confiscatorio. La doble imposición ya es una realidad desde el momento en que la Nación cobra el impuesto a los bienes sobre la misma base que las provincias cobran impuesto inmobiliario y automotor. Todos y todas pagamos ganancias, impuesto nacional, e ingresos brutos que es provincial. Lo cierto es que se avizoran planteos jurídicos que serán resueltos por jueces que, curiosamente, no pagan impuestos por una situación de privilegio que mantienen desde los tiempos del pensador de Anillaco. País loco.

El otro tema es infinitamente más denso y trascendente. La cuestión del aborto divide aguas desde tiempos inmemoriales en el mundo y también, claro, en nuestro país. Dos posiciones casi irreconciliables se enfrentan en torno a la cuestión y esto quedó claro en oportunidad del debate del tema en 2017.

El aborto es una realidad social dramática que día a día golpea a miles de mujeres. El silencio y la indiferencia de la dirigencia política sobre el tema, al menos hasta la apertura del debate en 2018, fueron vergonzosos. Más allá de la dura interpelación personal que supone un juicio sobre la interrupción de un embarazo, parece sobradamente comprobado que el actual marco legal incrementa el problema y victimiza doblemente a las mujeres pobres.

Es un discurso fácil y obvio señalar que lo preferible y absolutamente fundamental es la educación en el ejercicio de una sexualidad responsable y en la prevención de embarazos no deseados. Pero se debería terminar con la hipocresía de hablar del derecho a la vida y consentir cínicamente cientos de miles de abortos que anualmente tienen lugar en el país. Cuando la mujer que desea interrumpir su embarazo no deseado tiene recursos económicos la cuestión fenece en su ámbito privado, sin que el sistema político se inquiete en lo más mínimo.

Pero en cambio, la actual tipificación penal del aborto victimiza doblemente a las mujeres pobres: las expone a la precariedad sanitaria y las enfrenta a un posible reproche penal. Alrededor de 40.000 mujeres al año se hospitalizan en el sistema público por abortos mal practicados. Ojalá que el debate se dé con altura y se busquen encauzamientos alejados del fanatismo y los prejuicios.