-->
Desde sus comienzos defendiendo ferroviarios, pasando por Protectora y su desembarco en el Partido Intransigente, el recorrido de este vecino, histriónico y buena onda, ha estado siempre del lado del “ciudadano de a pie”, como le gusta decir. Su ingreso a la política partidaria.
Nacido en Santa Fe pero criado en Palmira –Mendoza-, hijo de padre ferroviario y madre agricultora, este abogado de 53 años, casado, con cinco hijos e iniciado en el derecho laboral de la mano de los juicios por despidos a los ferroviarios –entre ellos su padre- integra junto a su socio “desde el primer día en la Facultad”, Mario Vadillo –“una de las mejores cosas que me pasó en la vida” asegura- la dupla de candidatos que lleva en la lista el refundado Partido Intransigente. Aquel que fundara el reconocido dirigente Oscar Bisonte Alende en 1972 y que hasta 2015 formara parte del FpV. Es así que en la próximas elecciones legislativas del 22 de octubre, Ramón aspira a convertirse en diputado nacional y Vadillo en diputado provincial.
Desde que juntos abrieran su primera oficina en Palmira muchas cosas han pasado en la vida de este vecino de Chacras. Fue mozo, ordenanza de supermercado y de la vieja Casa Tía para poder vivir en pensiones de la ciudad y estudiar abogacía. “Épocas duras”, recuerda, “pero me gustaba”.
Luego de foguearse lidiando contra los ferrocarriles y compañías de seguros por accidentes de trabajo, con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 vigente, que consagraba los derechos del consumidor, ambos amigos fundan ese mismo año la Asociación Protectora, la ONG que nació para defender los derechos de los consumidores.
Muchas acciones colectivas pasaron por sus manos: desde los casos relacionados con el cierre de los bancos provinciales de Mendoza y de Previsión Social, los iniciados contra las compañías de teléfonos, y los más recientes y renombrados por las tarifas de servicios públicos, especialmente electricidad y gas.
Hoy la asociación, lejos de aquellos 12 socios iniciales, cuenta con 52.000 miembros en todo el país. Es la número cuatro en el Registro Nacional y la ocho en el Provincial.
En el caso del reclamo por el cambio del cuadro tarifario del gas, defendieron a 165 mil usuarios. Ellos aseguran que su atención está puesta especialmente en la clase media y trabajadora, “en todo aquel a quien el despertador le suena a las seis y media de la mañana”, grafica. “Esa franja es la gestora de la economía y el Estado no la está cuidando. Han descuidado al sector más importante de la sociedad: en los precios, los servicios, en el interés de los usuarios y favorece los intereses de las grandes empresas”.
A la arena política
El salto a la política lo dieron para “dejar de pedirle permiso al juez en cada acción colectiva que emprendíamos”, explica Ramón. Ya que el resultado de las gestiones, termina siempre dirimiéndose en la justicia.
Así que aprovechando que este año el viejo PI abrió una convocatoria para afiliarse, los integrantes de Protectora se hicieron parte del partido político. Hace unos días, y ante denuncias de incompatibilidades, ambos candidatos renunciaron a sus cargos en la comisión directiva de la Asociación. Como así también han renunciado a sus honorarios como abogados de dicha institución, acto que consta en la Escribanía General de la Provincia, asegura.
Las propuestas
La mayoría de las propuestas que sostienen, cuenta el candidato a diputado nacional, son económicas. Entre ellas:
Coparticipación provincial –que se resuelva el conflicto por el porcentaje de asignación nacional a las provincias, trabajando conjuntamente con todos los legisladores nacionales-; limitación en el otorgamiento de licencias de registro de automotores -relacionados con las prevendas de la clase política- y telefonía celular como servicio público; regulación del financiamiento de las inmobiliarias –“que, como intermediarios, hacen abuso de su posición dominante aprovechando el déficit de 70 mil viviendas que existe en nuestra provincia”-. En sintonía con los valores republicanos de nuestra sociedad, que adopta desde lo político la defensa de la libertad y al libre mercado como sistema económico, otra de sus propuestas es instaurar un sistema de libre mercado equilibrado sobre tres leyes fundamentales de la economía: la defensa de la competencia, la lealtad comercial y el derecho del consumidor.
Por eso propone la creación de los tribunales de defensa de la competencia, con el fin de “desactivar a los que se apoderan de determinados negocios, a los monopolios”; la instrumentación definitiva del juicio por jurados en causas graves, como corrupción, drogas, violencia contra la mujer, etc. “Es la parte de la República que no quieren los sectores más conservadores, sobre todo los que han tenido problemas de corrupción”. También piensa trabajar, junto con la doctora Alicia Barrionuevo, otra de las candidatas, sobre la transparencia gubernamental, especialmente en el manejo de los fondos del Estado. “No se pueden bajar los costos del funcionamiento del Estado si no hay transparencia en el manejo de los fondos”, sostiene y reflexiona: “Yo se que no vamos a terminar con la corrupción, porque el sistema republicano ha permitido que los representantes del pueblo, constitucionalmente hablando, hayan hecho un blindaje de aquellos funcionarios que han cometido hechos corruptos. Pero hay que insistir en instalar en la sociedad la idea y la motivación para que los ciudadanos participen y puedan hacerse escuchar”.
-->
