Como habitantes de una zona árida debemos tomar conciencia de que las erradicaciones sin la reforestación obligatoria constituyen una irresponsabilidad con nuestros contemporáneos y descendientes y una falta de respeto a nuestros antepasados, aquellos visionarios que, con muchísimo esfuerzo y tesón, nos legaron el oasis que hoy nos permitimos destruir*.
Esto incluye también a particulares -especialmente a los frentistas, enemigos declarados del árbol de la puerta de su casa- y a varios emprendimientos comerciales. Sería realmente necesario que, de una vez por todas, se diseñe e implemente a nivel provincial una política de Estado en salvaguarda de nuestro patrimonio forestal, con acciones a corto, mediano y largo plazo, en la que queden
comprometidos tanto los organismos con competencia -municipios, Dirección de Recursos Naturales, Edemsa, Irrigación, Hidráulica, etc.- como la misma comunidad.
Esto implicaría, imprescindiblemente, la decisión política de destinar presupuesto y recurso humano especializado a la gestión del arbolado público en todas las áreas de Espacios Verdes municipales, y de adecuar los códigos de edificación municipales a las leyes provinciales de arbolado público.
En esta instancia, como agentes de aplicación, los municipios deben adecuar sus reglamentaciones a las necesidades de los forestales y dictar ordenanzas en consecuencia. Sólo así se podrá asumir acabadamente la responsabilidad del mantenimiento y control del arbolado, ya que se trata de una cuestión de salud pública.
*Por Adriana Sayavedra