Por Carlos Sala
En los últimos tiempos aparece nuevamente la temática de la seguridad pública en el centro de las preocupaciones de la población. Es que al incremento de las tasas de algunos delitos graves, aumenta la sensación y el miedo. Y esto muchas veces, en vez de generar respuestas proactivas y de mayor participación de la comunidad, por el contrario, hace que la gente se retraiga más, se encierre en lugares seguros y la vida en comunidad se restringe.
La Policía es tal vez, el elemento del sistema de seguridad pública más importante, pero no el único. En nuestro caso, vemos que se realizan controles en los accesos a Chacras y estos se han incrementado en los últimos tiempos. Esto es positivo, pero también es cierto que todo el departamento de Lujan ha ido perdiendo significativamente cantidad de policías y recursos también en los últimos tiempos. La Ley de Seguridad Pública de la provincia (6721) contempla la participación de diversos actores en el sistema de seguridad; incorpora entre otros, a los gobiernos locales y a la propia comunidad.
A comienzo del año 2000 se implementó en toda la provincia el sistema de Seguridad participado a través de los Foros vecinales y los Consejos Departamentales de Seguridad que tenían como misión principal el diagnóstico y las posibles respuestas a las problemáticas de la inseguridad en todos los barrios, departamento por departamento. Es justo reconocer que en algunos casos los resultados fueron buenos y en otros no tanto. Pero lo importante es retomar esta idea y a partir de los aprendizajes pasados volver a diseñar un plan que contemple el accionar de todos los actores involucrados.
La participación concreta de los municipios es sumamente importante sobre todo en el diseño de políticas integrales tendientes a la prevención y reducción de los procesos de vulnerabilidad.Son los actores municipales los que de alguna manera empiezan a ser parte fundamental para enfrentar la problemática de la inseguridad. Esto requiere del desarrollo de políticas generadas en el ámbito local por equipos capacitados en temas criminológicos y su vinculación estratégica con el desarrollo local o municipal.
Pero también los municipios pueden trabajar en medidas concretas de prevención. Creo que en Lujan se ha dado un paso, se han incorporado jóvenes que realizan tareas de observación sobre todo en las zonas comerciales. Es indispensable dotarlos de más elementos de seguridad para que trabajen más seguros; es más, tal vez podrían coordinar los patrullajes con efectivos policiales y potenciar la tarea.
Sin embargo, me parece que es necesario diseñar y ejecutar un plan que ordene, coordine y optimice los recursos disponibles. Sugerimos algunas acciones:
a) Evaluación de la situación de cada zona: ubicación de los comercios, estados del alumbrado público, ubicación de las escuelas, recursos policiales y municipales presentes en cada lugar, estado de los espacios públicos, entre otros.
b) Realizada la evaluación actuar sobre los faltantes surgidos del diagnóstico previo.
c) Colocación y monitoreo de las cámaras de seguridad en lugares estratégicos. Hoy muchas están fuera de servicio y en ocasiones falta personal de observación.
d) Plan de Alarmas Comunitarias que contemple la participación de escuelas técnicas en la implementación. La alarma comunitaria brinda seguridad a muy bajo costo, fortalece los lazos vecinales y es muy efectivo para bajar el miedo y la sensación de inseguridad.
e) Coordinar todos los recursos disponibles, públicos y privados, municipales o provinciales. Los policías deben trabajar junto a los preventores y a los agentes de tránsito del municipio; pero a la vez, hay que tener aceitado el mecanismo de comunicación con la gran cantidad de empleados de las agencias de vigilancia que trabajan en nuestra zona y que obtienen información diaria sobre las mismas.
f) Solicitar al Ministerio de Seguridad mayor cantidad de recursos policiales para un departamento que ha incrementado significativamente su población en los últimos años.
Las experiencias exitosas de baja de los índices delictivos han sido productos de la implementación de políticas a mediano y largo plazo que contemple el eficiente accionar de las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales, pero también donde los demás actores se incorporan aportando recursos, coordinando acciones y sumando esfuerzos.