Mendoza se ha visto inusualmente convulsionada. Durante estos últimos días de marzo miles de trabajadores de distintos gremios se han manifestado de diversas formas para hacer oír sus reclamos. Básicamente todos coinciden en un punto común: la recomposición salarial. Es por demás evidente que el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados ha ido disminuyendo en forma proporcional a la inflación que va creciendo.

La herramienta con que cuentan los trabajadores para presionar al empleador o patrón, cuando éste no accede por propia voluntad a solucionar los justos reclamos de sus empleados, es la huelga. Un derecho otorgado por la Carta Magna, nuestra Constitución Nacional.

El problema se agrava cuando el empleador es el Estado. Los trabajadores de la educación, los de la salud, los judiciales, los de la administración central, los policías tienen el mismo patrón: el gobierno de la provincia.

Para resolver los conflictos salariales está previsto un mecanismo para que las partes logren un acuerdo: las paritarias. El empleador, en este caso el gobierno, designa un representante y los gremios a los suyos. Cada cual plantea sus puntos de vista.

Hasta aquí todo iría bien encauzado. Claro que es básico que cada una de las partes obre de buena fe.

Para tomar sólo un caso de estos conflictos nos detendremos en el gremio docente, ya que es prácticamente idéntico al del resto de los gremios que dependen del Estado. La singularidad del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación es que es el primero en ir a paritaria, por ende el aumento que se le otorgue a éste será el marco de referencia para los demás sindicatos.

La paritaria docente comenzó el 7 de Febrero. Como ya es habitual por parte del Estado comienza haciendo una oferta que de antemano sabe que será rechazada. Esto viene pasando en todas las paritarias de años anteriores. Con esto se consigue dilatar la solución y seguir adelante con las negociaciones. Así, en lugar de apurar una solución la van postergando hasta que el límite de paciencia y tolerancia se agota y consecuentemente se llega a la toma de medidas extremas: paro y movilización. Primero fue por 24 horas, luego por 48 y el último por 72. Intertanto el gobierno insiste con irrisorias y hasta  ilegales propuestas, como pagar parte del aumento con cifras no bonificables, es decir “en negro”.

Cuando la protesta gremial sale a las calles para hacer sentir su clamor la gente común reacciona de diversas maneras. Por un lado, la mayoría entiende la justicia del reclamo y por otro se enoja por las molestias que conlleva una marcha de miles de personas por calles céntricas e incluso el corte de algunas avenidas claves para el acceso a la ciudad. Esto molesta, fastidia y hasta vulnera el derecho de transitar libremente. De hecho se han vivido situaciones caóticas en muchas de las principales arterias de nuestra provincia.

Mientras dura este “tire y afloje” entre sindicatos y gobierno los realmente damnificados, los que padecen la huelga y verdaderamente merecen una solución son los que no tienen culpa alguna: los alumnos, los pacientes de hospitales y centros de salud, los que esperan soluciones urgentes a trámites judiciales…

En fin, seguramente toda la ciudadanía espera que, de una vez por todas, el gobierno ofrezca algo aceptable para sus empleados y que todas las instituciones vuelvan a funcionar para brindar los servicios para las que fueron creadas.

Aulas Vacías. Fuente: Diario Nuestro País