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¿Delito, enfermedad o derecho?

 Estupefacientes para autoconsumo

 

 En medio del debate sobre despenalización de la tenencia de estupefacientes  para consumo personal, proponemos reflexionar sobre algunos puntos de esta ardua polémica. Para ello, consultamos a los expertos.

 

Por Nicolás Sosa Baccarelli

El debate exige un  profundo análisis jurídico, psicológico y médico. Estamos ante un asunto que invita a examinar  y distinguir el derecho de la moral, lo público de lo privado y la enfermedad del delito. Reflexionamos sobre algunos puntos centrales de esta ya clásica polémica que transita entre el oscuro ámbito del narcotráfico, el doloroso mundo de las adicciones, y el derecho impostergable de los ciudadanos a disfrutar de una esfera de intimidad y a elegir un plan de vida libremente y sin injerencias extrañas.

Las palabras y las cosas

El Dr. Alejandro Poquet incia su reflexión señalando que “el debate sobre la prohibición penal de las drogas deja una sensación residual de incomprensión, similar al desconcierto que provoca la discusión sobre las bondades de cualquier objeto”. Así nos propone: “¿Es malo el cuchillo que corta y buena la cuchara que fue creada sin filo? Hasta la mejor respuesta no muestra mucha inteligencia: depende de para qué se usen. En lugar de contestar sobre la naturaleza del cubierto se pone el acento en la mano que lo usa, respecto de la cual la cuchara y el cuchillo no tienen la menor injerencia”.

Apunta: “Es decir, se lanza un interrogante moral sobre un objeto y como el objeto no contesta, se desplaza la cuestión hacia el uso que de ese objeto hace un sujeto. Se le hace una pregunta imposible a la naturaleza, y se pretende que la cultura conteste en su lugar para que no quede en evidencia la infantilidad de la pregunta. Exactamente lo mismo sucede con la problemática de la droga y su consumidor”.

Explica que las cosas no tienen moral, y especula “si la tuviesen le podríamos exigir a la piedra que se porte bien y no lastime. Esta insensatez es la misma que anida en la prohibición legal de las drogas, detrás de la cual se esconde la fetichista creencia de que la maldad de la sustancia estupefaciente se apodera del sujeto que la porta o consume y lo transforma en alguien peligroso”. Se anticipa al argumento de los justificadores de la prohibición: “nos interrumpen indignados con nuestra grosera confusión porque la norma jurídica siempre se dirige a un comportamiento humano que afecta a otro y nunca al mundo inanimado”. Pero invita al lector a evaluar por sí mismo las palabras de la ley y los argumentos jurídicos que la apoyan. Se castiga al “que tuviere en su poder estupefacientes cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”. “Es decir, para la gramática legislativa es delito tener un cigarrillo de marihuana en el cajón de la mesa de luz preparado para ser fumado a la noche frente al televisor. Lo malo para la letra de la ley es muy claro, es el estupefaciente en sí, su mera tenencia en alguna parte de la casa, pero sucede que la tenencia no es un verbo que exprese un comportamiento humano, sino un estado de cosas, una situación determinada, lo que termina demostrando que para este pensamiento el estupefaciente es dañoso por sí mismo, sin que importe en lo más mínimo si es o no usado y para qué fines, pues su maldad reside en su sola existencia (pensamiento animista)”.

  La jurisprudencia pendular y las incoherencias de la ley penal

Poquet se explaya sobre las posiciones sostenidas por la Corte Suprema de la Nación desde 1978 y el dictamen del Procurador General, cuando en el fallo Colavini (un sujeto que cruzaba una plaza con dos cigarrillos de marihuana en el bolsillo),  el máximo Tribunal se mostraba convencido de que “la sustancia estupefaciente no sólo se apodera del alma del sujeto que la posee, sino también del alma colectiva afectando la salud, bienestar y seguridad de toda la sociedad, como una especie de espíritu maligno que degenera los valores espirituales al punto tal que este vicio individual perturba la ética colectiva, equiparándose la difusión del consumo de tóxicos con las pestes y las guerras”.

Propone inmediatamente este profesor de derecho penal y especialista en asuntos de política criminal, un ejercicio racional de corte psicoanalítico:” pesquemos el concepto “vicio individual” para entender el significado oculto del mensaje prohibitivo”

“Con más o menos pudor todo poder público pulsa por meterse en la vida privada de los ciudadanos, porque cuanto mayor es el control ejercido mayor será el poder detentado”. Y recuerda que precisamente por esa ecuación las constituciones de todos los países son, principalmente, un catálogo de límites a ese poder obsesionado con más poder. En tiempos de mayor autoritarismo esa pulsión y obsesión cobran más intensidad con menos pudor.

¿Cuáles son las consecuencias de esto que Poquet llama una “obsesión paranoica” del poder punitivo? Pues que un “vicio privado” alcance a ser fundamento jurídico de una sentencia penal, señala con seguridad.

“Supongamos que se comprueba médicamente el vicio en un caso determinado. ¿Las rejas de la cárcel curan el vicio?”, nos propone Poquet, para responder en el acto que “Si lo hacen, corramos a la medicina y sancionemos con pena privativa de la libertad todos los vicios, alcohol, sexo, televisión, computación. Y si el vicio es una enfermedad ¿por qué no castigar el cáncer o cualquier otra enfermedad terminal?”

No duda en sentenciar que “a la pulsión del poder punitivo no le interesa la insensatez” y recuerda que  en otros tiempos hubo reyes que ordenaron llover y obispos que excomulgaron sanguijuelas.

Poquet se explaya sobre los antecedentes jurídicos, filosóficos y literarios de  “un proyecto de vigilancia omnímoda, de un sueño ominoso de enterrar toda privacidad,” y explica cómo “la prohibición penal le presta una inestimable ayuda, satanizando sustancias e inventando enfermedades individuales que sirven para agitar amenazas colectivas y calamidades sociales.”

¿Cómo siguió esta historia en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal? Argumentos similares a los del fallo Colavini antes citado – explica Poquet- se reiteraron en 1990 en el caso “Montalvo” en plena democracia menemista. “La Corte Nacional recién en el año 2009 con una nueva composición volvió en el fallo Arriola a distinguir el derecho de la moral, lo público de lo privado y la enfermedad del delito, mostrando cómo el tiempo había puesto en evidencia la falacia del castigo del tenedor para facilitar la lucha contra el tráfico que, por el contrario, aumentó considerablemente”.

“Si no queremos que el poder se nos meta en la cama o en el baño, si nos degrada como ciudadanos que nos traten como niños asustándonos con fantasmas, si tenemos el derecho a comer y beber lo que se nos antoje, si junto al derecho a la vida tenemos el derecho a morir de apoco o a suicidarnos, si ser humano significa realizar el plan existencial que cada uno y sólo cada uno puede diseñar y poner en práctica, tenemos que militar la resistencia contra la prohibición penal de la droga.

El idiota y el ciudadano

 

El  subtítulo es suyo. Remata este penalista, en tono categórico: “el idiota es aquel que no puede tomar por sí solo sus decisiones públicas, el que necesita el bastón que le brinda el Estado autoritariamente proteccionista. Es lo opuesto al ciudadano independiente que se lanza al espacio público ejerciendo derechos y libertades. Aquél no lo sabe (ni se lo pregunta) pero el ciudadano tiene en claro que no son las drogas sino la ley penal la que crea el delito, y que es el miedo a este delito (como el miedo a la bruja y al viejo de la bolsa) el que genera una de las peores adicciones: la dependencia existencial a un Estado paternalista que termina decidiendo por nosotros a la manera de padre sustituto y castrador”.

“Es decir – concluye- un Estado cuyo ejercicio soberano sea convertirnos en idiotas para que él, mientras tanto, continúe haciendo negocios con los dividendos de las drogas que prohíbe”.

Huérfanos de profesionales de la salud

Por su parte, Carlos Parma propone una disyuntiva: “nos preocupamos y entonces nos ocupamos, o nos relajamos y liberamos”.

El magistrado comienza destacando las distintas manifestaciones por la despenalización del consumo y tenencia de estupefacientes y su  notoria resonancia mediática en este mes. “Se sumó en la semana el debate en la Cámara de Diputados de una ley que autoriza el consumo, con la siguiente premisa: primero atender la salud de quien consume y después atacar el narcotráfico”.

Explica que “la  futura ley establece que no es punible la siembra o cultivo cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiera que está destinada al consumo personal y no se ponga en peligro la salud de terceros. Los debates en  Comisión comenzaron con la participación activa de Zaffaroni quien se mostró a favor de la iniciativa, coherente con lo que había firmado en el fallo judicial “Arriola” años atrás, invocando la autonomía moral de la persona. Miembros del SEDRONAR avalaron este criterio…Todo dice entonces que el proyecto de ley se aprobará” cierra el profesor Parma quien, además, lamenta la omisión que los Colegios Médicos y las Universidades de Medicina han tenido para con el tema. “A tenor de la verdad – sentencia el camarista- nos han dejado huérfanos”.

 “Más allá de tenues participaciones, médicos y psicólogos debían ser los primeros en expresarse, fijar criterios, educar a la población en la problemática”.

De caras a un pronóstico incierto, vaticina “alguien podrá ironizar lacónicamente que a partir del segundo semestre habrá marihuana para todos y todas. No sabemos con certeza qué otra droga se va a sumar a la liberación”.

Afirma que no son suficientes los razonamientos jurídicos: “Desde la óptica estrictamente jurídica la libertad para consumo  de estupefacientes se ajusta a la Constitución  Nacional y a los tratados de Derechos Humanos. Suscribo así mi  voto positivo. Resta interrogar si esta sola postura jurídica alcanza, o el tema compromete otras visiones, otros dictámenes y  por supuesto otros actores”.

“Hace diez años atrás con el Padre Contreras iniciamos una campaña contra el “paco”. Sorpresivamente algunos legisladores nos escucharon y salió una importantísima ley provincial tendiente a “recuperar drogadictos”.  Sin consuelo debo confesar una verdad irremediable: la ley nunca se aplicó” confiesa con desazón.

Concluye  con una reflexión que excede el tema de las sustancias prohibidas…“El paco es un problema grave,  complejo y  macabro, el consumo de tabaco produce muertes al por mayor, ni qué hablar del flagelo del alcohol. Tal vez sobre  estos dramas aún estamos a tiempo de pensar que un mundo mejor es posible y hacer algo…”

Despenalizar o no despenalizar. ¿Esa es la cuestión?

Desde el punto de vista de la Lic. Andrea Agrelo, el debate sobre la despenalización no debería alejarnos del cuestionamiento acerca de las carencias y falencias en las políticas sanitarias y educativas actuales. No duda en afirmar que la penalización del consumo estigmatiza al adicto y obstaculiza los procesos judiciales. Y esto es así porque “el derecho a la vida y a la integridad física no implica una obligación a vivir y a mantener la propia integridad: en sistemas democráticos, ambos deben ser entendidos como derechos disponibles”, señala la psicóloga. Pero plantear únicamente por ello la despenalización, sería a su criterio, responder con simpleza a una problemática compleja.

Combate el discurso dicotómico “por sí o por no” que se ha instalado en el asunto, con la convicción de que divide, fragmenta, acentúa las diferencias desde la intolerancia y “promueve posturas fundamentalistas perdiendo de vista el verdadero objetivo: el de considerar a la Salud como un derecho social básico y actuar en consecuencia”.

“Despenalizar es un punto de llegada, no de partida”, en tales términos podría resumirse el pensamiento de la especialista. “Lo que debería cuestionarse son las medidas que van a ser necesarias para poder correr al adicto del sistema penal. Es real que la cantidad de causas por consumo lentifican el sistema judicial sin generar respuestas efectivas para la lucha contra el narcotráfico. Estigmatizan al adicto excluyéndolo del sistema laboral. Pero también es cierto, que hoy funciona como un dispositivo que acerca a la red asistencial a muchas personas que no hubieran llegado de otra forma. Antes de cortar ese circuito, aun reconociéndolo como deficiente, hay que sentarse a diseñar otro circuito, inclusivo y contenedor, que dé respuestas integrales frente a la problemática”.

En este orden de ideas la Lic. Agrelo considera necesario debatir cuáles serán las medidas que se adoptarán “para evitar confundir a los jóvenes y personas en general, sobre lo que puede entenderse como un discurso de permisividad frente al consumo de drogas, ya que el planteo de despenalización, no debería implicar la subestimación de los riesgos que genera la conducta adictiva”, refuerza.

El “consumo responsable” y la “reducción de daños”

Indica que el sistema educativo debería garantizar la formación e información respecto al consumo responsable de sustancias, a través de una política de estado integral que sea continua y consistente. Y, desde un ámbito legislativo, se deberá discutir y establecer una reglamentación clara en relación al planteo de la despenalización: cuánto, quiénes, cómo, dónde, etc. “Otro de los temas que surgen frente al planteo de despenalización, y que requieren de un debate serio y profundo, es el de las políticas de reducción de daños”.

Ante el tema del “consumo responsable”, Agrelo responde que “para poder respetar la libre decisión de consumo de un sujeto, debemos primero, como sociedad, dirigirnos a personas con capacidad de elección. Esto implica estar incluido en el sistema sanitario y educativo. Si esto no es así, la reducción de daños sólo termina siendo el cuidado paliativo de quienes no tuvieron opción, bajo un discurso hipócrita de respeto a la decisión individual” señala con seguridad.

Remarca que las políticas abstencionistas, y las de reducción de daños, no son antagónicas y deberían complementarse “sobre la base de un sistema social justo y equitativo”.

Escuchémosla explayarse: “Preguntarnos sobre la despenalización es hacer un planteo parcial, tendríamos que debatir sobre por qué la red asistencial no está al alcance de todos. ¿Quién se pregunta sobre qué respuesta sanitaria ofrece cada provincia para las personas con patologías psiquiátricas que requieran una contención intensiva, o menores en conflicto con la ley, o  mujeres que requieren modalidad residencial? De todas maneras, el hecho de que en esta discusión no se planteen la cantidad de variables implicadas, no significa que no sea válida. Si nos quedamos con el discurso de que hay que abordar la complejidad, nos olvidamos de que hay que empezar por algún lado”.

En síntesis, cierra la experta, “el tema de la despenalización debe ser la excusa que nos convoca para iniciar la discusión, pero sin perder de vista que esto es solamente una parte del problema”.

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