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Riesgo volcánico: prevención y legislación

Hay que trabajar para generar asentamientos y zonas productivas seguras. Autoproteccion y autogestión del  riesgo en lugar de esperar que ocurra el desastre para actuar.

 

 Por Dra. Nelly A. Gray de Cerdán-*

Nuestra cordillera contiene de norte a sur, un número importante de volcanes que han tenido y tienen actividad registrada en tiempos históricos. La mayor parte de ellos está dentro de los que se consideran de peligro a corto plazo, según la periodicidad definida en el Sourcebook for Volcanic Hazards Zonation publicado por UNESCO.  El peligro a corto plazo se define como un volcán que erupciona más de una vez cada siglo y ha tenido manifestaciones después del año 1800; es decir, que una persona puede esperar tener la experiencia de asistir y/o  ser víctima de al menos una erupción a lo largo de su vida.

La Patagonia – particularmente la zona turística de Bariloche y su entorno -  ofrece un doloroso ejemplo de lo que ocurre cuando se activa un aparato volcánico; en 2009 fue el Chaitén chileno que obligó a evacuar y a abandonar una ciudad entera por el impacto de su erupción. La activación de los volcanes del Hemisferio Norte tuvo en jaque y produjo inmensas pérdidas económicas en Europa donde por un extenso periodo  de tiempo estuvieron suspendidas las comunicaciones aéreas.

Hoy le toca a Argentina. Si bien varios de estos volcanes están en territorio chileno, la Naturaleza no reconoce fronteras políticas y los efectos se hacen sentir con fuerza en el área de influencia natural de cada uno de estos aparatos.  Combinados con los vientos dominantes y/o regionales, los efectos nocivos de las cenizas abarcan espacios amplios y pueden –como en este caso- dar la vuelta al mundo.

En un contexto como el nuestro, donde recién ahora pretendemos comenzar a hacer el  Ordenamiento Territorial (Ley 8051), se puede decir que nuestras condiciones para generar  situaciones de seguridad frente a las diferentes amenazas que hay en la provincia, son realmente poco alentadoras.

A nivel de la Provincia no tenemos un plan de gestión de riesgos como sería deseable, porque lamentablemente no tenemos sancionada la ley que establece cómo hacerlo.

Existe en la Legislatura Provincial desde 2008 un Proyecto de Ley de Gestión de Riesgo y Manejo de Emergencia con media sanción del Senado (Exp 55237/08) y que además en la Cámara de Diputados tiene  despacho favorable de las tres comisiones a las que fue enviado el Expediente para su estudio (Exp 53564/09) que inexplicablemente sigue durmiendo el sueño de los…(no voy a decir justos porque es inapropiado), ¡¡ mientras la población sigue en riesgo…!!

 Las acciones de previsión junto a las que ya conocemos de atencion de las emergencias, forman un binomio indispensable en la política de desarrollo sustentable y resiliente actual, donde se aconseja  incentivar las primeras para reducir las segundas. 

En otras palabras, se trata de trabajar para generar asentamientos y zonas productivas seguras, en lugar de solamente esperar que los desastres ocurran y una vez allí comenzar a actuar.

En la Provincia hoy es necesario y más que nunca, introducir en los proyectos de desarrollo de las zonas que están próximas o vinculados con algunos de estos aparatos, procesos de evaluación de los riesgos y se definan las acciones preventivas para cada situación.

No es más que eso: reflexionar, prever, planificar y controlar, tomando a veces medidas sencillas, como por ejemplo en Mendoza sugerir la generalización de techos a dos aguas para poder evacuar por gravedad lluvias de todo tipo -precipitaciones de agua, de nieve, de cenizas volcánicas, etc- y prever así el sobrepeso que se puede producir sobre techos casi planos -como los que tenemos hoy-  en los que es previsible esperar roturas o destrucción total. Lo estamos viendo hoy en Villa Angostura.

Si bien se asegura que los seres humanos que están expuestos a riesgos en forma permanente, tienden a olvidar o a buscar excusas para no pensar en lo que puede pasarles,  los encargados de la gestión pública están obligados a velar por la seguridad de la población y en consecuencia, deben prever y arbitrar los medios para resolver, a través de intervenciones oportunas y eficientes, que la población esté preparada para resolver los problemas que pudieran generarse por la activación de las amenazas naturales, tecnológicas y ambientales que contiene el lugar donde habita (autoprotección/autogestión del riesgo).

En territorio mendocino en 1930 el Tupungatito, a apenas 90 km del Gran Mendoza, entró en erupción y despidió cenizas que aun hoy están presentes en la estratigrafía mendocina en capas de más de 30 cm de espesor, especialmente en Lavalle.  Otros como el Descabezado Grande está cerca de Malargue,  Marmolejo, Plantat I y II, La Engorda y San José frente a diferentes localidades de Tunuyán; el volcán Caldera del Diamante, Maipo, Caldera Atuel I, están muy próximos a  localidades de San Carlos, entre otros.  Recientemente el Peteroa, como en numerosas ocasiones, mostró que está en plena actividad. A estos volcanes de la  Provincia  se suman los efectos que podríamos esperar de volcanes que en territorio chileno están próximos a la frontera.

En este contexto, La Ley de Gestión de Riesgo y Manejo de Emergencias es indispensable en la Provincia para establecer pautas de protección social adecuadas, a las que se llega creando alianzas entre los miembros del Poder Ejecutivo, los Municipios, la Legislatura y las organizaciones de la Comunidad, para lograr mejores y más rápidos resultados frente a la Reducción de Riesgo a Desatres (RRD). La Ley coloca a la RRD en el centro del desarrollo socio-económico de las comunidades mendocinas, especialmente en aquellas más pobres.

*Profesora  y Doctora en Geografía

Senadora. Bloque Demócrata.

Miembro de la Unión de Parlamentarios de MERCOSUR (UPM

Directora fundadora del Centro de Estrategias Territoriales para MERCOSUR (CETEM- UNCUYO)

Investigadora del CONICET, entre muchos títulos más.

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