Qué pasará con el Parque Cívico
Por estos días se ha instalado el debate entre los mendocinos a raíz de la próxima construcción del llamado “Paseo del Bicentenario” en el corazón del Parque Cívico de la Ciudad de Mendoza, un lugar tan apreciado por los habitantes de este suelo cálido y pedregoso, como el mismo Parque San Martín.
Dicha obra incluiría el Memorial de la Bandera, un edificio subterráneo que rememoraría el concepto del Museo de Arte Moderno y del Quintanilla -los edificios semienterrados de la Plaza Independencia creados en los ’40 por el gran arquitecto mendocino Ramos Correas- para albergar la Bandera del Ejército de los Andes con sala de exposiciones y microcine. Esta polémica obra se construiría en donde hoy existe la playa de estacionamiento frente a la fachada del edificio gubernamental.
Además contaría con un gran espejo de agua rectangular, creado a continuación de la fuente ya existente y un puente peatonal sobre calle Pedro Molina, que desembocaría en Mitre, conectando en forma directa el centro de la ciudad y la Casa de Gobierno. La idea del Ejecutivo es otorgar cierta relevancia institucional al Parque.
Paralelamente a este proyecto, el Gobierno también planea transferir a la Municipalidad de Capital una importante extensión de terrenos de las inmediaciones del Centro Cívico, para lo cual propone modificar las Leyes 3401/65 y su modificatoria 3623/69 referidas a los límites, tipos de construcciones, usos permitidos y prohibidos en dicho predio.
De esta manera pasaría a jurisdicción municipal la vereda norte de calle Pedro Molina –árboles incluidos-, la oeste de Belgrano y los terrenos ubicados entre calles Perú, Belgrano, Pedro Molina y Peltier, y entre Av.España, San Martín, Pedro Molina y Peltier.
Para los detractores de esta posibilidad, se sostiene que la Ley 3401 ha sabido cumplir muy bien la función de preservación del centro Cívico a lo largo de los años y no conviene modificarla, si no más bien realizar un “embellecimiento y renovación estética de la zona”. Entre sus argumentos, se alega que al anexar esos terrenos a la jurisdicción municipal se cambiarían los criterios de construcción, ya que pasaría a regir en ellos el nuevo Código de Edificación de la Capital, que habilita la construcción de edificios de gran altura, un tema que ya se está debatiendo en ese municipio.
Otra inquietud que los moviliza es la pérdida de forestales y espacios verdes con la implementación de ambas iniciativas. Y es que en nuestra desértica Mendoza la existencia de vastos espacios verdes se vuelve especialmente fundamental para mantener la calidad de vida de la población. En este sentido, cabe destacar, que actualmente en nuestra provincia dichos espacios se han visto tan reducidos que ya no alcanzan a cubrir los indicadores adecuados de confort y salud urbanos.
La resistencia, entonces, de vecinos, especialistas en arbolado y espacios verdes y de organizaciones ambientalistas, pasa por preservar este verdadero pulmón de la Ciudad, su frescura y bello entorno, lo que implica mantener la finalidad con la que fue creado, proponiendo a su vez, otras alternativas para su ubicación como el Parque Central, el Plumerillo, entre otras.
Por su parte, desde la Dirección de Recursos Renovables aseguran que según el relevamiento forestal realizado árbol por árbol y con posicionamiento satelital, a pedido de la Unidad de Impacto Ambiental, se erradicarían ocho moreras, cinco carolinos, una acacia, cuatro ligustros y nueve olmos de la calle Pedro Molina en mal estado vegetativo, ubicados a lo largo de donde se extendería el Paseo. Así también sostienen que los centenarios ejemplares de la Quinta Agronómica no figuran para ser erradicados y que se ha propuesto realizarles trabajos de fertilización y riego, ya que según sostienen, todo el predio del Parque Cívico se encuentra en grave situación de riego.
Como si esto fuera poco, se trata de una zona que forma parte del patrimonio histórico provincial, ya que en esos mismos terrenos, se hallaba la Quinta Agronómica creada en tiempos de Domingo F. Sarmiento y la Escuela de Agronomía, más tarde convertida en Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo y que actualmente funciona en nuestro pueblo. El temor radica en que al transferir esos terrenos, el gobierno perdería el dominio de esos bienes patrimoniales provinciales.
De este modo, aún dentro de la somera exposición del tema, surgen preguntas acerca de si, por ejemplo, ¿es oportuno el gasto de las casi 10 millones de pesos que declara el presupuesto de la obra, en vez de destinarlo a escuelas y hospitales? ¿Qué consecuencia ambiental traerá aparejado el aumento de superficies cementadas en detrimento de los espacios verdes? ¿Por qué no se dio participación, desde el inicio, a organismos competentes como el Cricyt, Colegio de Arquitectos, Dirección de Parques y Zoológicos –de quien depende el predio-, Dirección de Recursos Renovables Naturales, Patrimonio e, incluso al Poder Legislativo? Ya se ha explicado que no se llamó a concurso de proyectos por razones de tiempo. ¿Es un argumento suficiente para los organismos de control?
Está visto que son muchas las dudas que esta obra, como así también el cambio de jurisdicción de los terrenos aledaños, genera entre los mendocinos. Más aún cuando no se conoce con exactitud el proyecto.
Aún así, y a pesar de las resistencias y movilizaciones, las obras ya han sido iniciadas, en pleno mes de enero. Por nuestra parte, nuestra intención de disipar las dudas y aportar información de primera fuente no se ha podido cumplir, ya que los funcionarios implicados se encuentran de vacaciones. Por este motivo, y por ser un tema tan relevante para nuestra calidad de vida futura, lo retomaremos en nuestra próxima edición de febrero, con la palabra de los actores interesados.
