Hace más de dos meses el interventor de Obras Sanitarias Mendoza Gonzalo Dávila, fue muy gráfico al señalar que la empresa que se le entregó en concesión al grupo francés Saur Internacional, era un “barco a la deriva”. No sólo no cumplió con las inversiones y las metas sino que año a año se fue desfinanciando, y eso lógicamente afectó la capacidad técnica y operativa del servicio. De ahí el cúmulo de denuncias, quejas y planteos de disconformidad de los usuarios.

● Por María Eva Guevara

Entre esas denuncias están las que surgieron en agosto del año pasado debido a la presencia de óxido de manganeso en el agua potable de la zona oeste de Godoy Cruz y algunas zonas de Chacras de Coria, o sea, el área de suministro de la planta potabilizadora de Potrerillos.

Quizás el lector no lo haya advertido o lo haya minimizado, pero este caso es de una gravedad pocas veces vista. No porque el óxido de manganeso sea tóxico o haya alterado la calidad del agua que viene del Río Blanco. Es grave por la forma en que se comportó la empresa.

Para empezar, hay una causa penal donde la secuencia de cómo se produjeron los hechos es crucial para determinar qué delito se cometió. Esto debe resolverlo la Fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos, quien ya recabó testimonios, realizó un procedimiento en Potrerillos y está esperando a ver qué dicen los informes técnicos. El EPAS es parte querellante y está convencido que hubo una mala operación de la Planta en lo concerniente al tratamiento del manganeso que comúnmente se halla en un afluente del Río Blanco, y que a partir del momento en que ese óxido de manganeso se adhirió a las paredes internas del acueducto y se repartió por las casas de los usuarios, las maniobras derivaron en estragos en el ambiente y se puso en peligro a la población.

La compañía, por su parte, sostiene otra cosa. Cuando el EPAS le aplicó una sanción administrativa de 100.000 pesos, -que aún no ha pagado- se defendió afirmando que a raíz del fenómeno de cambio climático y de retiro de los glaciares, hubo un aumento de manganeso por el deshielo de un glaciar de roca que se ubica en la toma del afluente del Río Blanco.

Reconocen que no se detectó a tiempo la presencia de esa sal –que en el agua cruda es invisible- en el ingreso de la planta; de ahí la demora en aplicar la operación que permite hacerla decantar y también sostienen que las incrustaciones en el acueducto de 11 kilómetros se deben al tipo de material con que está hecho, responsabilidad que le achacan a la Provincia que lo construyó junto con la obra del embalse de Potrerillos.

Una cosa está clara y diluye los argumentos de la empresa. Y es que varios informes y auditorias del EPAS arrojan conclusiones terminantes en cuanto a que el área de explotación tuvo problemas internos. Todo fue consecuencia de la desinversión. “Pasaron de tener especialistas en cada planta que sabían perfectamente qué agua tenían a operar con una sola persona en cada establecimiento y a hacer un estándar de tratamiento como si toda el agua fuese la misma, por atenerse a lo que decía el contrato de concesión”, señaló uno de los técnicos del EPAS que habló con Correveidile.

Respecto del problema del acueducto cabe decir que en éste último tiempo se han realizado dos cortes de agua programados en la zona de Chacras de Coria. Se realizaron porque se está intentando una limpieza de tipo hidráulica, se está removiendo y retirando buena parte de esa cosa negra que el año pasado se hizo presente en los tanques, inodoros, mochilas, circuitos de agua, sistemas de refrigeración o de calefacción.

A todo esto, hay un amparo contra Obras Sanitarias interpuesto por Protectora, una Asociación de Defensa de los Consumidores en el 6º Juzgado Civil. Esta también es una causa muy importante ya que todos estamos comprendidos.

Según las leyes de protección del consumidor y según lo que dice la Constitución, hay derechos de incidencia colectiva. Por eso, una asociación de consumidores con personería puede actuar en nuestro nombre. En este caso, se trata del derecho colectivo a la información adecuada y veraz, que está reconocido en el artículo 42 de la Constitución Nacional –por la reforma de 1994-.

Una de las apoderadas de Protectora, la Dra. Leticia Verónica Zanelli dijo a Correveidile que al estar todos representados, el beneficio de esa multa o sanción que se imponga es colectivo y que hay que guardar todos los comprobantes de pago que tengan vinculación con este episodio: tiket de compra de agua envasada, reparaciones de limpieza de circuitos de agua o de tanques, por ejemplo. De algún modo esta Asociación está haciendo las veces de un Defensor del Pueblo, órgano que no tiene Mendoza y sí existe en otras provincias.

Que hubo desinformación, es claro. Se supone que si un servicio falla, los que están al principio de la cadena están obligados a brindar información para que el usuario pueda tomar precauciones. Tras la aparición del óxido de manganeso, Obras Sanitarias continuó enviando sus facturas a los domicilios, pero omitió hacer llegar una carta masiva explicando qué estaba pasando y cómo se debía proceder. En su reemplazo, la información fue apareciendo a cuenta gotas, a medida que el EPAS intervino.

Como esa sustancia negra apareció de modo intermitente y a veces no se la veía al abrir la canilla, hubo distintas reacciones en la gente.

Mientras unos empezaron a comprar agua envasada otros siguieron tomando de la canilla; algunos se inclinaron por colocarle un filtro o bien hacerla hervir, pero después empezaron a decir por los medios de comunicación que eso no se debía hacer. Lo peor fue que hubo vecinos que se sintieron mal, con dolores de estómago o diarrea por lo que no se puede descartar el riesgo para la salud.

La traza de mercurio

El año pasado Obras Sanitarias Mendoza compró hipoclorito de sodio en la fábrica Keghart y resultó que los inspectores del ente de control encontraron muestras de mercurio por encima de lo normal.

También en el agua que ingresa a dos de las plantas, proveniente del cauce Cacique Guaymallén.

Desde entonces no sólo existe una causa penal contra Obras Sanitarias, emparentada con la del manganeso, -en este caso, por haber utilizado un producto que no había sido previamente testeado- sino que también interviene Protección Ambiental, monitoreando la situación de Keghart.

Según informó Ricardo Debandi, Director de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente, la química Keghart fue clausurada el pasado 25 de setiembre porque los análisis arrojaron presencia de mercurio en suelo.

En este momento la empresa retomó sus actividades normales ya que entregó un plan de acciones inmediatas, un plan de remediación de los pasivos ambientales detectados, y también un plan de relocalización. Según se pudo saber, en un plazo de tres años, la empresa debe dejar sus instalaciones e irse a un lugar más apropiado como el parque industrial petroquímico de Luján.